Pocas veces un titular nos trae una buena noticia. En esta ocasión sí. Lo publicaba nuestro periódico en su portada hace unos días: "La Junta reduce cargos y ahorrará 6,5 millones de euros en cuatro años". En diversas ocasiones me he referido a la apremiante necesidad de que las administraciones públicas, locales, provinciales, regionales y nacionales rebajen su grasa, esa acumulación desmedida y abusiva de gastos innecesarios y costosos. Se impone, pese a quien pese, a pasos agigantados una reforma profunda de los ayuntamientos, la necesidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que para nada va contra el orden democrático, sino todo lo contrario, y que en absoluto puede suponer el desmantelamiento de los servicios públicos.

Ya está bien de abusos y despilfarros que alientan esos beatíficos sustentadores del derroche de los bienes públicos, que auspiciaron o simplemente miraron para otro lado cuando la crisis hacía estragos y el pasmado Gobierno, que tan desastrosamente la administró, encabezó toda suerte de desaciertos prodigados en estas administraciones, muchas de las cuales arrastran déficits inadmisibles. A tan abultada caterva de presuntos gestores, inútiles aprovechados y supuestos asesores, además de otros cargos de conveniencia y cuantiosas cargas administrativas, no puede seguir una turba de enchufados, colocados y protegidos que deben quedar fuera de unos organismos abarrotados de empleos improductivos, empresas y duplicidades innecesarias, que deben ser saneados sin dilación.

Los nuevos gobiernos, parece que el andaluz está en ello, deben aligerar la enorme carga fiscal que pesa sobre el sufrido contribuyente, especialmente el de menos poder adquisitivo. Junto a la regeneración democrática convendría urgir la reforma de la financiación autonómica, un capítulo no muy afortunado de la transición. Algo tan necesario y perentorio como tantas otras transformaciones vitales para la recuperación económica de España. La obsesiva voracidad recaudadora de la mayoría de los partidos, generalmente de izquierda no invita a la inversión en ellas sino a la dispersión y deslocalización. El sufrido y masacrado contribuyente clama por menos subvenciones y menos dinero para comunidades quebradas, con excesivos empleos públicos y prebendas, algunas de las cuales mantienen embajadas innecesarias por el mundo. Igualar en beneficio del contribuyente, reduciendo impuestos en proporción con la disminución de los gastos públicos de determinadas administraciones. Demostrado está que elevar impuestos ante la asfixia de tantas economías domésticas es la perversa solución fácil: siempre pagan los mismos. Esquilmar al contribuyente empleando su dinero en inversiones innecesarias, no rentables que no generan empleo, empresas públicas improductivas, gastos superfluos y dispendios económicos, es indignante e intolerable.

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