La pandemia y sus consecuencias están alterando en especial el fútbol. La suspensión in extremis del partido San Fernando-Recreativo con las dos alineaciones confirmadas y en disposición de saltar al campo abre un cúmulo de expectativas tergiversadas y forzadas entre la exposición de los hechos del club de la isla de León y la resistencia del club Decano a aceptarla, así por las buenas, y que ha provocado una reclamación a la RFEF por la presunta mala fe y con el trasfondo de adjudicación de los tres puntos. El Juez de Competición ya ha remitido su resolución y el plazo de aclaraciones.

Lo que está probado es que el segundo fisioterapeuta apareció con los síntomas el sábado y no tenía ficha federativa, por consiguiente no entraba entre sus obligaciones mantener contactos con los técnicos y la plantilla, que se hallan bajo el control del protocolo sanitario con sus licencias tramitadas, igual que el médico del club también es responsable por asumir el protocolo. Y esto es un problema de la entidad, además de que se potencia la incertidumbre de la interpretación del conjunto de reglas establecidas para encauzar con transparencia la decisión final.

La Covid-19 ha tenido tal incidencia que ha cambiado esta temporada de manera excepcional la normativa vigente, según el punto 14.1 del Protocolo Unificado de Entrenamiento y Competición. El Granada presentó con antelación la solicitud de aplazamiento para no viajar a San Sebastián por disponer sólo de 7 jugadores que cumplían los requisitos y se le negó con la apertura de un expediente por posible incumplimiento del protocolo.

La encrucijada de Bahía Sur, sin estar afectado ningún jugador ni técnico con licencias, pone el listón muy alto ¿dónde están los límites del protocolo sanitario en el fútbol? El Recreativo se topa con el dilema para conocer la verdad, todavía sin disipar y sin valorar todas las circunstancias acumuladas.