El probable acuerdo de un impuesto mínimo global a las empresas es un hecho histórico que puede cambiar el mundo. La OCDE lleva años trabajando en el proyecto BEPS para armonizar internacionalmente el impuesto de sociedades. La UE lleva 50 años intentando conseguir la armonización de la fiscalidad de las empresas, sin conseguirlo. ¿Qué ha sucedido para que esta misión imposible ahora sea alcanzable? Simplemente que a Estados Unidos ahora le interesa. El Covid-19 ha sido el factor desencadenante. El inmenso incremento del gasto público provocado por la crisis y la gran caída de los ingresos ha catapultado la deuda pública. El espectacular plan de gasto público del presidente Joe Biden va a impulsar el déficit público e incrementar la deuda pública a niveles no conocidos desde la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos necesita aumentar sus ingresos tributarios y ampliar sus bases imponibles y no puede consentir que la tributación de sus empresas multinacionales se desplace a otros países por su menor fiscalidad. Biden pretende aumentar el impuesto de sociedades del 21% al 28%. Subida que quiere complementar con un acuerdo internacional de un impuesto mínimo global del 21% que elimine los incentivos de las empresas americanas a la deslocalización de sus sedes a otros países de menor fiscalidad.

La secretaria del tesoro Janet Yellen se ha dirigido a la OCDE y a los países del G-20 con la propuesta de un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. La última propuesta del 15% de impuesto mínimo ha sido recibida con entusiasmo por gran parte de los países avanzados. Los ministros de Finanzas del G-7 están trabajando con el objetivo de llegar a un preacuerdo en la reunión del 11 de junio en Cornualles, y del G-20 en el mes de julio. La definitiva aprobación de la OCDE será a final de año. Habrá debate, dentro de la UE hay una gran dispersión en el impuesto de sociedades: Hungría (9%), Irlanda (12,5%), Francia (32%) .

Será uno de los acuerdos fiscales más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, con capacidad de alterar los movimientos de capitales, el crecimiento mundial y las divergencias en renta y riqueza entre países. La propuesta será aceptada con entusiasmo por unos gobiernos que salen de la pandemia con hambre de más gasto público para apoyar la recuperación y la transformación del sistema económico y social. El horizonte que contemplan los gobernantes es de un incremento espectacular del gasto público que requerirá subidas de impuestos.

La propuesta es positiva porque contribuye a una fiscalidad internacional más justa y equilibrada, fomenta una asignación más eficiente de los recursos, contribuye a un mayor crecimiento mundial, provee de mayores ingresos tributarios para la financiación del Estado de bienestar y dificulta la supervivencia de los paraísos fiscales y la evasión fiscal.

Para otros el posible acuerdo es negativo porque reduce la competencia fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos, porque atrapa a las empresas en un monopolio fiscal del Gobierno, porque priva a los países emergentes de una herramienta fiscal necesaria para reducir la brecha de desarrollo y porque limita la soberanía de los Estados.