Cada cosa a su tiempo. Primero los Presupuestos Generales del Estado y después, aproximadamente para el otoño, se abordará el nuevo sistema de financiación autonómica, poniendo fin al más nefasto y longevo de los que hasta ahora han existido.

Comunidades autónomas y expertos coinciden en la valoración: el sistema vigente es opaco, injusto y arbitrario, por lo que todavía resulta más incomprensible la demora acumulada para su renovación. En su defensa cabe alegar la coincidencia con la práctica totalidad de la crisis financiera, aunque si alguna justificación existe para la pasividad de los últimos gobiernos, a pesar de los compromisos iniciales para su renovación urgente, habría que buscar en el miedo a adentrarse por tan resbaladizo terreno en plena crisis del modelo territorial del estado.

El objetivo de la financiación de las autonomías es que estas dispongan de los recursos necesarios para proveer los servicios públicos que la población necesita, es decir, para que el sistema de bienestar funcione.

Se trata, por tanto, de la cuestión central para cualquier gobierno autonómico, por lo que en los próximos meses se irán conociendo las propuestas en las que, desde hace tiempo, deben venir trabajando los diferentes gabinetes técnicos y también las estrategias políticas para alcanzar los resultados más favorables.

La Comunidad Valenciana y Andalucía están entre las más perjudicadas por el deficiente funcionamiento del sistema todavía vigente y, por lo tanto, entre las más interesadas en que los cambios sean importantes y en la dirección que les interesa.

En las dos ocurre que tanto el PIB por habitante como la financiación por habitante son inferiores a la media, por lo que, frente a la indignante regresividad del actual sistema, ambas están legitimadas para exigir un cambio progresista, especialmente ante un gobierno que no se cansa de calificarse a si mismo como tal.

Esta coincidencia de intereses es lo que supuestamente ha llevado a presidente valenciano, Ximo Puig, a ofrecer a su homólogo andaluz el acuerdo de cooperación en el que ya se venía trabajando con su antecesora en la presidencia de la Junta.

Es lógico pensar que ambos gobiernos estén interesados en un modelo más simple y transparente que el anterior, en el que artificios como el de la población ajustada (que modifica la real con criterios de edad, insularidad, etc.) o el de limitar los servicios fundamentales computables a efectos de objetivos de equidad y nivelación (sanidad, educación y servicios sociales) se sustituyan por la población de derecho y la totalidad de los servicios de su responsabilidad. La iniciativa involucra a dos comunidades cuyo peso demográfico (28,6%) y económico (22,5%) es considerablemente mayor que el estrictamente político, pero con el enorme atractivo de concitar a la cooperación entre gobiernos de diferente color político.

Si ambos presidentes deciden ir hacia adelante, estarían poniendo el compromiso con los ciudadanos cuyos intereses representan, por delante de las lealtades con sus respectivos partidos políticos. Una experiencia tan interesante que incluso podría concitar la adhesión de otros territorios.