Diego Martínez López

Profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide

Presupuestos sin ideología

El autor destaca que las cuentas de la Junta de Andalucía para 2022 son expansivas pero a su vez prevén unos ingresos de 1.000 millones por los fondos Covid que no están previstos

Juan Bravo.

Juan Bravo.

EL debate presupuestario se encuentra próximo a descarrilar en Andalucía. Y no han sido argumentos basados en la coherencia o no del proyecto presentado, en su adecuación al ciclo económico o en la orientación de sus políticas de gasto o ingresos. Han sido dimes y diretes de bajo nivel los que, lamentablemente, ocupan el centro de la actualidad. Sin embargo, un servidor no renuncia a una reflexión sosegada y centrada en el proyecto de presupuestos para Andalucía, y ese es el tono y contenido de lo que sigue.

Nunca antes había escuchado, tengo que reconocerlo, la expresión “presupuestos sin ideología”, lanzada desde el Gobierno andaluz para referirse a su proyecto para 2022. Un presupuesto sin ideología es un oxímoron, una contradicción en los términos. Presupuestar implica repartir recursos escasos (aunque a veces no lo parezca) entre usos alternativos. El dinero se puede dedicar a sanidad, a cultura, a educación, y todo puede parecer importante. Por eso hay que decidir. En las clases teóricas de economía resolvemos estas dudas apelando a las condiciones de eficiencia. Ahí nos movemos en el mundo amable de las ecuaciones, que no tienen ideología.

Pero en la vida real las cosas no son tan sencillas. Hay que decidir sobre usos alternativos del dinero y existen, al mismo tiempo, diferentes sensibilidades sobre dónde se debería gastar más. Y para eso tenemos la política, que es una forma civilizada de abordar discrepancias de este tipo. Si pudiésemos aspirar a un mundo sin ideologías, ¿para qué necesitaríamos políticos? Un algoritmo decidiría dónde gastar nuestro dinero, viviríamos felices y comeríamos perdices.

Superado este eslogan político, algunos comentarios sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022. El primero es su marcado tono expansivo. En efecto, con unas previsiones económicas de crecimiento para Andalucía del 7% del PIB, incrementar el gasto un 9% es algo difícil de entender desde la ortodoxia económica. La evidencia nos muestra que las políticas fiscales deben ser contracíclicas, esto es, expansivas en las recesiones, y viceversa. Echarle gasolina a un motor que no lo necesita es derrochar recursos, poniendo en peligro además la sostenibilidad financiera a medio plazo. Pero quién piensa en el medio plazo. Hubiese sido más prudente, por el contrario, diseñar una política de gasto menos agresiva, neutral al menos en su orientación.

Un segundo comentario se refiere al lado de los ingresos. Las entregas a cuenta que recibirá la Junta de Andalucía del sistema de financiación autonómica se incrementarán sustancialmente (un 6,7%). Además, se le perdona la liquidación de las de 2020, que fueron excesivas y, en rigor, deberían devolverse al Estado. Se trata en este caso de más de 1.100 millones de euros. No habrá, por el contrario, fondos extraordinarios ligados al Covid-19, como sí los hubo el año pasado y el actual.

Y aquí surge la polémica. El proyecto de presupuestos pinta casi 1.000 millones de euros en ingresos que, a juicio del Gobierno andaluz, se deberían recibir para gastos relacionados con el Covid-19. Es como si con un lápiz añado a mi nómina lo que pienso que debería ganar, en un ejercicio de ficción. Hay que reconocer que una parte del gasto que se ha realizado con motivo de la pandemia se ha convertido en estructural. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya advirtió hace tiempo sobre ello. Pero, al contrario de lo que se ha dicho, la Airef no ha avalado (¿cómo iba hacerlo?) inventarse ingresos sobre esa base. Enfrentadas a gastos estructurales, las comunidades autónomas deben financiarlos con ingresos permanentes y no arañados del agravio comparativo discrecional.

Finalmente, una pincelada más sobre el lado del gasto público. Existe un notable continuismo tanto en el fondo como en la forma respecto de políticas anteriores. Y es relativamente normal que así sea. Si el grueso de las competencias autonómicas se concentra en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), es normal que la mayor parte del gasto se dirija hacia esas áreas; en concreto el 52%, idéntico porcentaje al de años anteriores, por ejemplo 2018.

El gasto en investigación, innovación y sociedad del conocimiento se mantiene en el reducido 1,3% del total. Y ello debe situarse, además, en el contexto de un nuevo sistema de financiación universitario cuyos recursos crecen menos del 3%. Otras políticas públicas, como las referidas a los incentivos a pequeñas y medianas empresas, plan de fomento del empleo agrario (antiguo PER), participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad (conocida como Patrica, que sigue incumpliéndose), etc., no presentan grandes novedades respecto a ejercicios anteriores.

Sí destacaría en positivo el incremento en el esfuerzo inversor. En efecto, se prevé que las inversiones reales aumenten un 77% respecto a 2021. Semejante volumen de recursos sólo resulta posible alimentarlo con fondos europeos (el maná esperado) y un remanente de 1.200 millones no ejecutados en 2021; esto último evidencia los problemas de nuestras administraciones para gastar con rapidez (no digo con eficiencia, esa sería otra historia) las transferencias de capital que nos llegan de Bruselas.

A pesar de todo lo anterior, sí querría acabar con una reflexión final. Prefiero una situación con presupuestos (aunque la referencia sea el proyecto actual) que otra sin ellos y la consiguiente inestabilidad. En el proceso de discusión de enmiendas se pueden reconducir algunos temas, otros obviamente no. Pero, en cualquier caso, las ideologías de los dos grandes partidos de la comunidad pueden soportar perfectamente el precio de sacar adelante unos presupuestos consensuados. La alternativa es más cara y perjudicial: electoralismo y demagogia.

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