Las tensiones inflacionistas actuales constituyen uno de los principales factores que condicionarán el dinamismo del crecimiento económico, la confianza del sector privado y el ritmo de normalización de la política monetaria en 2022. Todo ello en una coyuntura en la que persisten las principales disrupciones de oferta generadas desde la progresiva reapertura de las economías y con las sucesivas olas de la pandemia. Junto a los problemas de suministro de las cadenas de valor y el encarecimiento del transporte de mercancías y de las principales materias primas, desde finales del tercer trimestre del año pasado han ganado protagonismo las implicaciones sobre el nivel de precios de la actual crisis energética global.

Una tendencia reflejada en los datos del IPC de noviembre (último dato disponible) de los países que configuran la OCDE. En concreto, la inflación general repuntó respecto al mes anterior en 0,6 puntos porcentuales hasta un 5,8% anual, representando su mayor nivel desde mayo de 1996. No obstante, se observó una elevada dispersión del crecimiento del nivel de precios entre sus Estados miembros, situándose en un 21,3% anual en Turquía frente a un 0,6% en Japón. Por su parte, entre las economías avanzadas únicamente EEUU superó el promedio de la OCDE.

Nuevamente el incremento de los precios de la cesta de la compra estuvo impulsado por la mayor subida del coste de la energía registrada desde junio de 1980 de un 27,7% interanual. Una circunstancia que seguirá pesando en la evolución de la inflación al no proyectarse en los próximos meses una progresiva normalización a la baja del precio de las materias primas energéticas y de la electricidad.

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