La hipoteca inversa es un producto financiero que se utiliza todavía muy poco en España. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2019, se firmaron sólo 149 hipotecas inversas en nuestro país, moviendo un negocio de unos 30 millones de euros. Esta cifra contrasta con las de otros países, como el Reino Unido, donde se formalizan unas 45.500 anualmente, cuando en nuestro país tenemos una inclinación mucho más acusada hacia la inversión inmobiliaria. Esta solución financiera permite obtener liquidez de ese patrimonio, sin perder la titularidad de la vivienda y disfrutando de ella hasta el momento del fallecimiento. O dicho coloquialmente: permite "comerse los ladrillos" sin abandonar la casa.

La hipoteca inversa fue regulada por la Ley 41/2007 con el objetivo de que las personas mayores de 65 años puedan licuar parte de su patrimonio inmobiliario -la vivienda habitual- para aumentar su renta. Se da la paradoja de que hay personas mayores con mucho patrimonio pero que carecen de la liquidez suficiente para vivir o para disfrutar del nivel de vida que desean. La pueden ofertar bancos, entidades de financiación y compañías de seguros.

El funcionamiento es el siguiente: a la firma de la hipoteca inversa se recibe un solo pago, se inicia la percepción de una mensualidad o una combinación de ambas. El cliente no tiene que irse de su casa: mantiene la propiedad y el uso de la vivienda (incluso podría alquilarla) durante todo el tiempo. Se recibe el dinero, pero no hay que devolverlo mes a mes mediante una cuota -principal e intereses-, como es lo habitual en las hipotecas.

Es al fallecimiento, o cuando el cliente decida libremente, cuando se hace la cuenta de la deuda pendiente: se suman las cantidades que se han recibido y los intereses que se han ido acumulando. El tipo de interés es fijo, entre el 5% y el 6% anual. También hay que afrontar comisiones iniciales. Los herederos, llegado el momento, reciben la vivienda afectada con esa deuda. Tienen un plazo de un año para resolver. Lo habitual es que vendan el inmueble, satisfagan la deuda y se repartan el resto. Por la cuenta que les trae, las entidades se aseguran que la deuda no supere, por muchos años que pasen, el valor de mercado de la vivienda en esa fecha.

El producto tiene un potencial muy alto. En España hay 8,1 millones de personas mayores de 65 años con al menos una vivienda en propiedad. Desde el sector señalan que cuentan con un ahorro acumulado en vivienda de 620.000 millones de euros, el 50% del PIB español y casi cinco veces superior a todos los planes de pensiones. Esperan, por tanto, que sea el producto financiero que más vaya a crecer en los próximos años: en menos de diez años, se triplicará su número en España.

Y seguro que crecerá, pero en un segmento de ese colectivo muy reducido. Realmente, el cliente objetivo de este producto es una persona de muchos más años que 65 y que tenga su vivienda habitual en una gran ciudad, con mayor facilidad de venta, y de alto precio. En otro caso, no resulta interesante. Bienvenida sea, pero no la calificaría, como a menudo la promocionan, de producto socialmente responsable.