En la entrega anterior me planteaba si las consecuencias del coronavirus representan una prueba de verdad para el estado del bienestar de la humanidad, concepto que nace en el siglo XIX en relación a las condiciones laborales y reivindicaciones de los trabajadores, y guarda gran relación con los movimientos obreros, el establecimiento del liberalismo y nacimiento de los partidos socialdemócratas. Después de la II Guerra Mundial, los países occidentales implementaron un modelo Keynesiano de economía mixta, a través de los cuales la población pudiera mejorar sus condiciones de vida y crear una clase media que diera estabilidad a la economía y sus países.

Desde mi visión de lo que debe ser la calidad de una democracia me cuestiono si: ¿los partidos políticos que la soportan y usan han perdido su apoyo y apoyo popular? ¿El capitalismo comprometido está dando paso al capitalismo neoliberal, provocando el advenimiento del liberalismo social? Mucho de los servicios públicos están parcialmente privatizados. Hoy, en deuda, los estados luchan por financiar sistemas de seguridad social muy caros.

¿Puede la pandemia de Covid-19 ser un cambio de juego? Esto necesariamente da entrada a la reflexión sobre los diferentes puntos de vista en términos de plausibilidad.

Así, desde el punto de vista económico, cuándo queremos definir el estado de bienestar, ¿nos referimos al conjunto de acciones y ejercicios por parte de los gobiernos en la búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población, basándose en el ejercicio de la función pública?, es decir, en la intervención del estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. Parece una obviedad, pero dado que la actualidad está marcada por la pandemia de Covid-19 debemos pensar en que esta situación debe ser ¿una tarea solo del Estado? Si pensamos en sus pilares fundamentales, la medida de la calidad de nuestra democracia hay que encontrarla en las medidas más habituales del estado de bienestar y que hoy están muy presentes, podemos encontrar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación, de alta calidad y a disposición de todas las personas que lo necesiten.

Por otro lado, desde el ámbito laboral, las prestaciones son una de las medidas principales, ya que los subsidios a las personas que pierden el empleo o las pensiones de jubilación, invalidez y orfandad son mecanismos que tratan de otorgar unos ingresos mínimos de subsistencia y dignidad a aquellas personas que podrían quedar en la marginalidad.

Con el tiempo, el fortalecimiento de los estados ha ocasionado que el estado de bienestar pueda extenderse más allá de lo anterior, como a ayudas a la vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar y subvenciones a la actividad económica.

Cito aquí al profesor sudafricano Ian Andrew Goldin, profesor de Globalización y Desarrollo de la Universidad de Oxford en Inglaterra, reconoce que el Covid-19 y las graves consecuencias económicas que traerá consigo representan un desafío colosal para los estados, “…muchas personas se sienten extremadamente aliviadas de vivir en una socialdemocracia que no los dejará sin hogar, sin embargo el Covid-19 ha aumentado considerablemente las desigualdades y la polarización de las sociedades, incluso las europeas ".

Ian Goldin señala, además: "…Es sorprendente, pero casi todos están de acuerdo en que nos enfrentamos a un problema que debe ser resuelto especialmente por los Estados…”

Un comentario sobre las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en el sistema educativo europeo: han sido notorias y evidentes.

Recordemos que las instituciones educativas en Europa han estado y siguen estando cerradas al personal de administración y servicios, estudiantes y alumnos, enseñanza y evaluación siendo transferido, al menos temporalmente y con mayor o menor éxito, a plataformas on line. En la mayoría de los estados miembros, las escuelas públicas están generalmente bajo el control del gobierno nacional o local, con relativamente poca autonomía. Sin embargo, ha habido una intervención de interés público sin precedentes en varios aspectos de la autonomía de los establecimientos de educación superior: de organización, financieros o académicos, desde la admisión hasta la graduación. Los procesos normales de acreditación y evaluación, que son esenciales para mantener y mejorar la calidad de la educación superior, se han suspendido o reducido severamente.

En mis 45 años de experiencia en educación no he vivido una situación similar. En mi opinión, no es arriesgado afirmar, en términos de calidad democrática que las condiciones de emergencia han puesto de manifiesto la necesidad de que los estados miembros revisen sus Leyes de Educación en todos los niveles, primaria, secundaria y universitario, para que sean lo suficientemente flexible, efectivas y reales como para hacer frente a cualquier pandemia futura u otro evento similar, sus efectos no tienen precedentes en tiempos de paz modernos.