La España política se ha instalado en la anomalía y afecta también a la Corona. Felipe VI, impelido por su obligación constitucional, ha señalado, por tercera vez, a Pedro Sánchez para la investidura como presidente del Gobierno en su calidad de vencedor en las pasadas elecciones generales. No obstante, el encargo del Monarca trastorna de nuevo una norma, recogida de forma tácita en el artículo 99 de la Constitución para evitar votaciones en falso y ocasiones perdidas, ya que el candidato aún no puede acreditar el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente. Sánchez volvió a acudir a La Zarzuela sin hacer los deberes. Y no lo ha hecho por la afrentosa razón de que no se lo ha permitido ERC, grupo secesionista que le marca el paso, cuyo gran objetivo es derribar la Constitución y dividir el país.

La decisión del Monarca, aún acorde con las funciones que en puridad le atribuye la Carta Magna, implica un doble riesgo. En primer lugar, porque la posibilidad de otra sesión de investidura fallida permanece en pie. Repetir el fracaso de las dos anteriores sesiones conllevaría, además de la guillotina política para el contumaz líder socialista, el agravamiento de la enfermiza salud del sistema. Y, en segundo lugar, y mucho más trascendental, porque, si triunfa la investidura, Pedro Sánchez formará Gobierno de coalición con Unidas Podemos, un menguado partido de izquierda radical, que reniega de la Monarquía parlamentaria, y porque la acción del Ejecutivo dependerá de que pueda o no pagar las constantes hipotecas abusivas o inconstitucionales que, sin duda, le impondrán los nacionalismos independentistas. Los republicanos catalanes ya han anunciado que en su congreso del próximo día 21 aprobarán una ponencia a favor de la movilización, la desobediencia y un posible nuevo referéndum ilegal. Ese será el envenenado menú que los comensales del aparato del PSOE degustarán, a sabiendas, en la mesa de diálogo que mantienen en tinieblas con los subordinados del encarcelado Oriol Junqueras.

Existe la tendencia a conceder un hálito de normalidad a hechos que minan las instituciones democráticas. Sin ir más lejos a la Corona, a la que no solo ningunean las formaciones que aspiran a cambiar el régimen nacido en 1978, caso de los que, como ERC, se niegan a cumplir con la obligación de acudir a informar al jefe del Estado, sino que lo hace la propia presidencia del Gobierno, mediante usurpación de funciones y sibilinos menosprecios que calan como el agua boba en la sociedad displicente. ¿Qué valor y respeto concede Pedro Sánchez a la tarea del Rey cuando nada más acabar el escrutinio electoral y lejos de disponer de mayoría se planta como presidente in pectore y anuncia incluso el nombre de los que serán vicepresidentes de su Gobierno, uno de ellos, el aguerrido antimonárquico Pablo Iglesias?

Pero Sánchez no las tiene todas consigo. Y no las tendrá, aunque obtuviera la investidura. Los republicanos, separatistas o no, saben que sus convicciones son moneda de cambio. Y es que se puede cambiar de opinión, pero no de principios.