No hay ley más controvertida que la llamada Ley del Cine, una ley que no es necesaria y que ya les ha costado el cargo a una ministra y a un ministro, y está causando dolores de cabeza a la actual, la señora González Sinde, desafortunada en cuantas actuaciones emprende. Y es que si no fuera por ese afán intervencionista, tutelador y supuestamente protector de nuestros gobiernos, desde la II República, el del general Franco y los de la actual democracia, hasta hoy, sin excepciones, el cine no tendría más regulación que la misma que debe aplicarse a cualquier negocio e industria, porque se diga lo que se diga y se argumente lo que se quiera, el cine tal como debe funcionar es como industria y precisamente porque nunca acaba de considerarse como tal, nos va como nos va. Costándonos mucho dinero sin elevar la calidad y con rotundos fracasos. El arte debe ir por otro lado dentro de su entidad industrial, porque el arte siempre fue objeto de comercio y tiene sus propias cotizaciones. Mal que nos pese.

Así las cosas surgen más pujantes que nunca nuevas controversias y negativas realidades para quienes administran -es un decir- nuestra cultura y, por tanto, nuestro cine y quienes medran a su calor político, entre estos muchos productores a quienes viene muy bien tanta sopa boba. Como quiera que sea, el pasado 27 de noviembre se iniciaba el plazo. Quienes firmaron el manifiesto contra la orden ministerial que regula las ayudas al cine proclamaron su intención de impugnar la norma si el Ministerio, decían, "no reacciona". El 23 de diciembre pasado finalizaba, dos meses después de haberse publicado en el BOE. No hubo reacción. Surgió el fantasma de la impugnación. Impugnación que es procedente, según dijo uno de los 217 firmantes contra el modo impuesto por Cultura, "porque existen contradicciones jurídicas entre la orden ministerial y la Ley del Cine, tanto en el espíritu como en la letra".

Pero los males para los detentadores de la dichosa ley no termina ahí. La orden ministerial ha sido detenida en Bruselas a la espera de que la Comisión Europea la apruebe; además, el lunes día 21 se publicaba el dictamen del Tribunal Supremo según el cual es inconstitucional que las televisiones cedan el 5% de sus ingresos al cine español. Algo que siempre nos pareció abusivo e impropio. Con lo cual las vías de financiación de nuestro cine están por el momento embargadas. Por otra parte, los firmantes del manifiesto siguen en contra de que las subvenciones se repartan en función de la inversión que realice el productor por considerarlo un criterio industrial y no cultural, mientras que los productores más beneficiados por la ley lamentan que ésta no se haya aprobado ya.

Sin embargo, se sigue haciendo cine, en muchos casos subvencionado, que no se estrena. Unas treinta películas filmadas en 2008 siguen sin estrenarse a las que se sumarán las de 2009 recientemente finalizado. Este año se anunciaron 220 rodajes, lo cual es una barbaridad para una industria tan endeble aunque provechosa para algunos beneficiados, cuando comprobamos que sólo se han estrenado 117. Como se ve la diferencia sigue siendo caótica. Sigue el problema estructural de nuestro cine cuando los propios productores denuncian la desproporción, pero nada hace la mayoría por regularizar la situación en la que los productores más modestos llevan las de perder. Pero es que hay películas de gran presupuesto y elevado coste de producción que tampoco ven la luz de la pantalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Manolete, con Penélope Cruz y Adrien Body como protagonistas, cuyo rodaje registró una gran cobertura mediática. Su estreno estaba previsto para 2007 y sigue aplazándose por los embargos que pesan sobre la producción. Pero ésta es la muestra más sobresaliente de un problema bastante grave sobre películas que se realizan y jamás se estrenan. En fin, es otra historia de la que nos ocuparemos si tenemos espacio entre nuestras críticas de estrenos. Sobre estos: buen año a todos.