Cultura

Varapalo a 'la otra' ley Wert

  • El Consejo de Estado critica el anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha recibido el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), un extenso informe de 184 páginas que critica algunas propuestas del Gobierno, especialmente las relativas a la compensación por copia privada. "Deben extremarse las cautelas en la definición del límite de copia privada y en la correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada", recalca el dictamen, para añadir que "una restricción extrema de los casos legítimos de copia privada puede tener el efecto perverso de promover un hábito de la descarga que se sitúe al margen de lo legal". Al depender para su implantación de los Presupuestos Generales, el Consejo avisa de posibles tensiones en el sistema de compensación equitativa si la cantidad fijada "no alcanzara el nivel adecuado exigido por el Derecho Europeo", situación que "no es en absoluto descartable y obligaría a acudir a alguno de los mecanismos de modificación de los créditos presupuestarios".

El dictamen señala que el anteproyecto "no contiene los criterios que se tendrán en cuenta para la cuantificación y liquidación de la compensación equitativa". "Se limita a prever que la compensación será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios y que contará con una consignación anual presupuestaria".

Por ello, continúa, "debe revisarse la configuración que el anteproyecto hace de estas dos relevantes materias en los artículos 25 y 31 de la LPI a fin de garantizar su ajuste con el Derecho europeo, en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Por otro lado, el Consejo indica que "debe traerse a examen" la introducción de una nueva figura denominada "operadores en el mercado de gestión colectiva voluntaria", puesto que "no existen ni en la exposición de motivos ni en la memoria", y puede provocar encontronazos con la legislación europea recogida en la Directiva 2012.

"El anteproyecto debe ser objeto de una profunda revisión, a fin de adecuarlo a la normativa europea y poder precisar cuál es el exacto régimen jurídico de los operadores. Entiende el Consejo de Estado que es necesario que el régimen de la gestión colectiva de derechos, una vez que se ha decidido proceder a su reforma legal, sea claro y de perfiles definidos para cada uno de los agentes que operan en tal forma", explica.

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