El Parlamento de Turquía aprobó la madrugada de ayer una polémica ley temporal que permite suspender las penas de cárcel impuestas a quienes hayan cometido abusos sexuales a menores si están casados con la víctima.

La ley, cuya promulgación fue postergada hasta el próximo martes para introducir algunas enmiendas, fue aprobada por la mayoría simple de votos del partido islamista AKP, en el poder desde 2002, pese a la tajante oposición de las otras formaciones.

El sector antiislamista de la sociedad civil turca reaccionó con furia y varias agrupaciones feministas convocaron ayer manifestaciones en Esmirna y, para los próximos días, en Ankara y Estambul bajo el lema El abuso no se puede legalizar.

El AKP afirma que se trata únicamente de una medida temporal para suavizar la aplicación de una reciente reforma legal que agrava las penas por el abuso sexual de menores. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, compareció ayer ante los medios de comunicación para explicar que la suspensión de penas no se aplicará a delitos de abuso sexual "mediante fuerza, amenaza o engaño".

En Turquía, toda relación sexual con una persona menor de 18 años se considera abuso si se denuncia, sin que se contemple un posible consentimiento, y si hay una diferencia de edad de más de cinco años, se persigue de oficio, sin necesidad de denuncia. Pero en muchas regiones rurales persiste el hábito de "casar" a las hijas a partir de los 15 años e incluso antes, mediante una ceremonia religiosa y sin acudir al registro civil.

Según Bozdag, la ley vigente va en detrimento de la víctima, al enviar a la cárcel al marido, si la novia era menor de 18 años, y dejando en situación de vulnerabilidad, a menudo con hijos pequeños a su cargo, a la mujer.

El ministro insistió en que es únicamente la situación de las parejas casadas en una ceremonia no oficial lo que la medida quiere aliviar y la ley sólo se aplicará a casos abiertos hasta el 16 de noviembre y en ningún caso a delitos cometidos en el futuro. La medida afectará "a unas 3.000 familias", estimó.

Pero la oposición considera que se trata de una medida que erosiona la lucha contra el matrimonio de adolescentes, un problema que tiene graves consecuencias para las chicas en la sociedad rural y que premia el matrimonio en lugar de perseguir el abuso sexual.