Un juzgado de Moscú decretó ayer arresto domiciliario para el ya ex ministro de Economía de Rusia, Alexei Uliukayev, detenido in fraganti al aceptar un soborno de dos millones de dólares que al parecer exigió a la petrolera pública Rosneft a cambio de permitirle privatizar otra empresa del sector.

El tribunal ha considerado que las pruebas preliminares reunidas por la acusación son suficientes para incriminar a Uliukayev y ha declinado dejarle en libertad al entender que podría "fugarse, presionar a los testigos o influir de otra manera" en la investigación.

Poco después de que el juez decretara el arresto domiciliario, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó a Uliukayev de su cargo "por pérdida de confianza", según anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Comité de Instrucción (CI) ruso, la autoridad judicial que ha abierto un procedimiento penal contra el ex ministro, asegura tener todas las pruebas para demostrar la culpabilidad de Uliukayev, que podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.

"La investigación dispone de una serie de pruebas de peso -incluidas grabaciones de audio y vídeo, declaraciones de testigos-, que por ahora no se han hecho públicos" para preservar el secreto de sumario, explicó a los periodistas la portavoz del CI, Svetlana Petrenko.

Según las autoridades rusas, el hasta ayer ministro de Economía, de 60 años, fue detenido en el momento en que recibía el soborno, en una operación organizada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB).

La culpabilidad de Uliukayev -que él ha negado tanto durante las cinco horas que duró su interrogatorio como en el juicio celebrado para decidir las medidas preventivas en su contra- será probada por una sustancia específica que quedó en sus dedos cuando tomó en sus manos el dinero, agregó Petrenko.