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El Gobierno francés endurece las leyes contra la inmigración ilegal

  • El proyecto de ley acelera la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejora las condiciones de acogida e inserción de los que se encuentren en situación regular

El presidente galo, Emmanuel Macron, se despide de su homólogo de Liberia, George Weah, tras un almuerzo en el Palacio del Elíseo en París. El presidente galo, Emmanuel Macron, se despide de su homólogo de Liberia, George Weah, tras un almuerzo en el Palacio del Elíseo en París.

El presidente galo, Emmanuel Macron, se despide de su homólogo de Liberia, George Weah, tras un almuerzo en el Palacio del Elíseo en París. / yoan valat / efe

El Gobierno francés aprobó este miércoles un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que acelera la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejora las condiciones de acogida e inserción de quienes estén en situación regular.

El texto adoptado en el Consejo de Ministros, que comenzará a ser debatido en la Asamblea Nacional en un mes, quiere alinear la normativa de Francia con la de otros Estados europeos, como Alemania, y controlar un flujo migratorio en aumento. En 2017, más de 100.000 personas solicitaron asilo en Francia, un 17% más que en 2016, y otras 85.000 fueron rechazadas en la frontera del país, que quiere dotarse de los medios necesarios para "alejar", según sus términos, a quienes no reúnen las condiciones para entrar.

100.000Personas. Pidieron asilo en Francia en 2017, un 17% más, y 85.000 fueron rechazadas en la frontera

La nueva ley en favor de "una inmigración controlada y un derecho al asilo efectivo" tiene entre sus puntos más importantes la reducción, de catorce a seis meses, del plazo medio para tramitar las peticiones de asilo y la disminución de un mes a dos semanas del margen previsto para presentar un recurso. Además, el texto aumenta de 45 a 90 días el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión, con el objetivo de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen.

El mayor control a los inmigrantes incrementa de 16 a 24 horas el tiempo en el que una persona puede estar retenida hasta que se verifica su documentación e incluye multas de hasta 75.000 euros y cinco años de cárcel, según el diario Le Monde, para quienes lleven un documento falso para permanecer en el país.

Aunque la nueva ley facilita la reunificación de los menores con sus padres y hermanos y da a los apátridas un permiso de estancia de cuatro años, tres más que ahora, el texto ha cosechado las críticas de las asociaciones humanitarias, que lo tachan de represivo.

En un comunicado publicado el lunes, la ONG Cimade destacó que es "peligroso" y constituye "un neto retroceso para los derechos de las personas extranjeras en Francia". Según esta organización, "no es un acto aislado, sino una amplificación de una política migratoria brutal que se traduce en expulsiones diarias en la frontera italiana, prácticas abusivas o ilegales durante las detenciones, actos de violencia, confiscaciones de bienes a los sintecho..."

"Siempre habrá críticas (...) Tenemos que acoger, pero hacerlo bien", destacó ayer en una conferencia de prensa el ministro del Interior, Gérard Collomb, convencido de que la mayoría gubernamental apoyará este proyecto pese a las inquietudes que suscita entre algunos miembros de sus filas.

La normativa tiene en su contra también a la oposición de derechas, para la que sus medidas son demasiado laxas. El diputado Guillaume Larrivé, de Los Republicanos, critica que se limita a "microajustes técnicos" que no solucionan el problema de fondo.

Su presentación tuvo lugar un día después de que el Consejo de Estado, máxima autoridad administrativa del país, validara una circular gubernamental que autoriza a la Policía a censar a los inmigrantes en los centros de acogida.

Según un recuento difundido ayer, en París duermen cerca de 3.000 personas en la calle, muchas de ellas inmigrantes, una cifra que incumple la promesa del presidente francés, Emmanuel Macron, de que a finales de 2017 nadie se vería obligado a pernoctar al raso.

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