La recaudación fiscal vinculada con el sector del automóvil se resentirá este ejercicio por la caída de las ventas de coches, de forma que las arcas del Estado dejarán de ingresar 350 millones de euros, según anunció el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero.

Armero, que hizo este anuncio en el marco de la presentación del Informe Anual 2018 de la organización, explicó que las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España cerrarán el ejercicio actual con un retroceso previsto del 3%, debido, en gran parte, a la incertidumbre generada entre los clientes por las medidas adoptadas sobre los vehículos de combustión y especialmente de los modelos diésel.

El directivo de la organización subrayó que la reducción del mercado automovilístico español, que acumula una caída del 5,7% en lo que va de ejercicio, motivará una menor recaudación fiscal en el conjunto del año, que cifró en 350 millones de euros en concepto de impuestos por la venta de coches nuevos.

En 2018, el Estado ingresó 4.856 millones de euros en lo relacionado con el pago de IVA de vehículos nuevos, lo que supone una subida del 8,7% en comparación con el ejercicio anterior, mientras que el impuesto de matriculación supuso 456,3 millones de euros, un 33% más.

En conjunto, la recaudación pública por tasas e impuestos relacionados con el sector del automóvil alcanzó, a cierre del pasado ejercicio, 29.973 millones de euros, lo que se traduce en una mejoría del 6,1% si se compra con los 28.259 millones de euros contabilizados en 2017.

Incentivos

Por este motivo, desde Anfac  han solicitado al Gobierno la necesidad de la puesta en marcha de un plan de achatarramiento a nivel nacional que impulse la adquisición tanto de vehículos de combustión como eléctricos.

Armero apuntó que este nuevo programa conjunto "es necesario" ante la puesta en marcha fallida de los diferentes planes Moves, de impulso a la movilidad alternativa. Así, recordó que, por ejemplo, en Castilla y León, el Moves, activo desde hace meses, solo ha registrado doce operaciones de vehículos eléctricos.

"Queremos un plan único de incentivo para el vehículo de combustión y para el eléctrico", solicitó, al tiempo que indicó que este programa tendría que ser de carácter nacional para evitar que pase lo mismo que con los planes Moves, que, según él, "no están funcionando tan bien como deberían", al ser implementado por cada una de las comunidades autónomas en España.

El directivo de la organización destacó, por otro lado, los "malos datos" de matriculaciones contabilizados en lo que va de ejercicio, aunque se mostró confiado en que esta tendencia "se puede revertir", para lo que, en su opinión, es necesaria la puesta en marcha de un "plan de choque", que sirva para retirar de la circulación a vehículos de quince a veinte años de las carreteras.

Según Armero, los vehículos antiguos "son los verdaderos responsables" del deterioro de la calidad del aire y del impacto sobre el cambio climático y la seguridad vial y se mostró a favor de una transición "ordenada" hacia la movilidad del futuro, en la que no se prohíban tecnologías y haya una "neutralidad tecnológica".

Otra de las medidas que defendió Armero para la revertir el envejecimiento del parque automovilístico español (12,4 años de media en 2018) fue un rediseño de la fiscalidad que afecta al sector del automóvil basado en criterios medioambientales y también abogó por la implementación de un tipo reducido de IVA para los vehículos eléctricos y alternativos.

En cuanto al objetivo del Gobierno para 2040 de fin de las ventas de vehículos de combustión en esa fecha, Armero aseguró que la posición inicial del Gobierno "se ha ido matizando" y se mostró a favor de que el modelo español se base en el francés, "que no prohíbe el diésel, sino que establece para 2040 un objetivo para ese año, puesto que el derecho europeo no permite prohibir".

"Hemos pedido que sea un objetivo de cara a 2040, pero lo importante es lo que pase de aquí a ese año, para que se pueda planificar y lo necesario es que haya una política única en España para que no haya disfunciones. La ministra Maroto está a favor de un plan de achatarramiento porque defiende la convivencia de todas las tecnologías y apuesta por un plan para vehículos de cero y de bajas emisiones, en línea con lo que está pidiendo Anfac", aseguró el directivo de la asociación.