La familia de Marta del Castillo se personará como acusación popular en la causa en la que se investiga al Cuco y a su madre por un delito de falso testimonio, aunque también recurrirá el auto del juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, que ha decidido expulsar a Antonio del Castillo y Eva Casanueva como acusación particular en este proceso, al estimar que no son el "sujeto pasivo" del delito contra la Administración de Justicia que se investiga.

La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de Marta, ha explicado que tras el auto conocido hoy, la familia va a adoptar dos medidas. La primera consiste en personarse como acusación popular, a través de una asociación de víctimas creada por Javier Casanueva, tío de Marta, tras el asesinato de la menor, el 24 de enero de 2009. Así, se personarán con un nuevo abogado y procurador.

En segundo lugar, los padres de la joven van a presentar un recurso de apelación directamente ante la Audiencia de Sevilla contra la decisión del juez y en el mantendrán su criterio de que deben ser considerados como acusación particular en este proceso, ya que la letrada entiende que en este caso se ha "confundido el bien jurídico" que se protege con el delito de falso testimonio y los "sujetos pasivos" del mismo. Dice la letrada que aunque el juez señala que en este caso el sujeto pasivo es la Administración de Justicia, el Estado, lo cierto es que también un particular -los padres de Marta-, "vieron frustrado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva" de los tribunales.

Inmaculada Torres considera que si no se hubiese producido ese supuesto falso testimonio en la declaración del Cuco y de su madre en el juicio por el asesinato de Marta, la sentencia podría haber sido otra, porque la Audiencia de Sevilla dio por válido que el cuerpo de la joven fue trasladado del piso de León XIII en torno a las 22:30 de aquel 24 de enero por los testimonios de la familia del Cuco, mientras que el juez de Menores que enjuició al Cuco por el encubrimiento del asesinato sostuvo que el traslado se produjo durante la madrugada.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla recogía que durante el juicio el Cuco "no sólo negó haber estado en el domicilio de León XIII" -donde se cometió el asesinato- en la tarde noche del 24 de enero de 2009, sino que "también fue mendaz en decir que estuvo esa tarde noche con amigos en franjas horarias que éstos han negado", de ahí que los magistrados dedujeran testimonio para que se investigase ese posible delito de falso testimonio.

Los padres del Cuco reconocieron en un programa de televisión que habían "mentido" en el juicio para "darle una coartada" a su hijo, hechos que podrían acreditarse presuntamente con las grabaciones que a su vez realizó el supuesto infiltrado, Pablo B. R.

Los padres del Cuco dijeron que a la una y media de la madrugada del 25 de enero de 2009 al llegar a su casa comprobaron que el entonces menor estaba allí, aunque en realidad a esa hora se hallaban en el bar La Portada. Por eso se citó al camarero de este negocio y al supuesto infiltrado, quien también fue condenado junto a los padres del Cuco a pagar 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.

En junio de 2016, Antonio del Castillo y Eva Casanueva ratificaron ante el juez la denuncia contra la familia del Cuco. Del Castillo aseguró entonces que los padres del Cuco "no llegaron a su casa a la hora que dijeron, no vieron a ese niño en la cama como dijeron, no le dio el besito de buenas noches, y hay una serie de irregularidades", al tiempo que recordó que mentir en un juicio por asesinato "es algo muy grave".