Emilio García Gómez, un joven de 17 años, llevó a cabo el 15 de marzo de 1953 un audaz robo de las joyas de la Virgen de los Reyes. Oyó misa en la Capilla Real a los pies de la Virgen, aprovechó la confusión del final de la ceremonia para agazaparse en la sacristía y esperó a que el templo se cerrase a mediodía.

En total se llevó 80 piezas, tasadas en 560.885 pesetas de entonces (3.371 euros). Dos meses después se recuperaron la mayor parte de ellas pero una parte quedó desperdigada en las vías del tren porque se asustó y las tiró por el retrete, y otras las malvendió en su huída.

Las alhajas recuperadas fueron tasadas en 470.085 pesetas y las perdidas o vendidas en unas 100.000 pesetas.

El joven ladrón, que era alumno de los Maristas, conocía los entresijos de la catedral porque era amigo del sacristán Domingo Padilla, que luego fue juzgado con él y resultó absuelto. Cuando se quedó solo en el templo, entró en la Sala de Cabildos, donde se guardaba el tesoro, rompió las vitrinas con un candelabro y se apoderó de rosarios, broches, anillos y pendientes.

Luego esperó la reapertura de la catedral al público y salió con toda naturalidad, confundido entre los fieles.

Convencido de que la Policía establecería controles a la salida de Sevilla, guardó el botín en un trastero de la terraza de su casa y esperó dos meses.

En Sevilla tuvo su primer cómplice, el platero José Ruiz, que le compró algunas de las joyas por importe de 20.000 pesetas, conociendo su origen, y le preparó la huída además de ponerle en contacto con un primo suyo de París, donde pensaba vender el botín. Este joyero fue condenado a dos años de cárcel.

En junio, el ladrón tomó un avión a Madrid y desde allí un tren hacia Irún pero antes vendió en Madrid dos diamantes para seguir costeando su viaje.

Viajando en el Talgo, Emilio tuvo su primer sobresalto porque un policía contra el contrabando le pidió la documentación y se sentó junto a él. Se asustó, fue a los servicios y tiró por el retrete las joyas que llevaba escondidas en un termo. Las alhajas quedaron esparcidas por la vía en la provincia de Álava y las recogió el guardavías encargado de ese tramo, Máximo Gómez Fontanal. Este hombre las vendió a joyeros de Vitoria, Irún y Salvatierra, que desmontaron algunas de las piezas para darles otro uso. Uno de ellos las  devolvió a la Policía al enterarse por la prensa de la posterior detención del ladrón en París y el itinerario que había hecho en su huída.

En la frontera con Francia, Emilio tuvo otro contratiempo: quedó retenido dos días por un error en su pasaporte. Asustado, escondió las joyas que le quedaban -que llevaba escondidas dentro de una barra de pan- en su ropa interior. Dos días después fue autorizado a continuar el viaje y el 22 de junio llegó a Paris.

Allí se puso en contacto con el primo del joyero que le había ayudado en Sevilla y con la ciudadana polaca Rosa Aranovici. Ante las sospechas de ambos, acabó relatándoles el robo que había cometido y estas dos personas acudieron a la Policía a denunciarle.

Emilio fue detenido por la Policía francesa el 22 de julio de 1953, cuando preparaba su viaje a Gran Bretaña.

Colas para entrar en la sala de vistas en la Audiencia de la Plaza de San Francisco

La sentencia: minoría de edad para el ladrón, cárcel para los receptadores

El juicio contra los siete acusados se desarrolló con gran expectación de público en la sede de la Audiencia Provincial de la Plaza de San Francisco. El 30 de enero de 1961 se dictó sentencia: Emilio García Gómez fue condenado por un delito de robo a seis años de presidio menor con la atenuante de minoría de edad y la obligación de devolver 100.000 pesetas a la catedral por las joyas no recuperadas. 

El sacristán Domingo Padilla, juzgado como cómplice, resultó absuelto. El joyero sevillano José Ruiz, que ayudó a escapar a Emilio además de comprarle joyas, fue condenado a dos años por encubrimiento; el  guardavías Máximo Gómez resultó condenado a seis años por un delito de hurto y los joyeros que compraron las joyas en el trayecto hasta Francia fueron sentenciados a penas de entre seis meses y seis años por delitos de encubrimiento o receptación.