El caso de la sustracción de niños al nacer

La Audiencia acepta investigar los partos de casi dos meses en busca de un 'bebé robado'

  • Se investigará la posible falsificación de partidas de nacimiento.  

  • Unas 50 mujeres que ahora tienen 48 años podrían ser sometidas a pruebas de ADN.

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La Audiencia acepta investigar los partos de casi dos meses en busca de un “bebé robado”

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Un tribunal ha abierto la posibilidad de investigar todos los nacimientos de niñas en el Hospital Central de Sevilla durante casi dos meses (entre el 18 de diciembre de 1970 y el 31 de enero de 1971) en busca de una "niña robada" que pudo haber sido víctima de una suplantación o falsificación de documentos.

La Sección Tercera de la Audiencia sevillana ha ordenado reabrir un caso de "niña robada" que había sido archivado por el juzgado número 3 tras considerar que la Brigada de Homicidios había agotado todas las vías de investigación posibles.

Fuentes de la acusación explican que este es uno de los pocos casos de "bebés robados" que se reabre en Andalucía y se refiere a una niña nacida en 1970 en el antiguo Hospital Central (Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de Andalucía) cuyo nacimiento está registrado pero no el lugar de inhumación ni se ha encontrado licencia de enterramiento, obligatoria en aquellos años. 

También se encontró un parte de defunción del hospital dirigido al juzgado municipal en el que se hacía constar la muerte del bebé por "distress respiratorio grave".

La Audiencia ordena reabrir el caso para llevar a cabo tres peticiones de la madre, Isabel: preguntar a la Diputación de Sevilla (que guarda los documentos del antiguo Hospital Central) si conserva el historial médico de la madre o de la hija desaparecida; librar oficio al Registro Civil para que informe si consta licencia de enterramiento del bebé y que la Consejería de Salud comunique si se hizo autopsia de los restos.

Existe una cuarta petición: que se investiguen todas las partidas de nacimiento de niñas nacidas en el Hospital Central en ese periodo de tiempo por si hubiese existido "suplantación de identidad y falsificación de documentos". 

La Audiencia es muy cauta y reconoce que este tipo de pesquisa sería "una investigación prospectiva, de a ver lo que resulta, no admisible y menos cuando pudiera afectar al derecho a la intimidad de terceras personas", lo que "no resulta justificado con los escasos indicios de criminalidad existentes".

No obstante, los jueces consideran "aceptable" la petición de reabrir la causa "dada la gravedad de los hechos denunciados y la afectación que suponen para la apelante, al desconocer el destino de su hija y si, incluso, pudiera estar viva tras haber sufrido un hipotético supuesto de sustracción de bebés".

Por ello, abren la posibilidad de que, una vez conseguida esa información adicional y siempre que el abogado de la madre "explique y desgrane" el objetivo de la investigación, la juez de instrucción vuelva a valorar si la Policía debe examinar todas las partidas de nacimiento de esos meses.

Teniendo en cuenta que en los años 70 muchos partos tenían lugar en los domicilios particulares, la investigación podría afectar a unas 50 mujeres que ahora tienen 48 años, según la defensa de la madre. 

La única prueba posible sería de ADN para demostrar que son hijas de quienes figuran como sus padres, lo que afectaría a su derecho a la intimidad y supondría una limitación de sus derechos fundamentales, todo ello en relación a las posibilidades de éxito.

 El abogado de la madre, sin embargo, sí que explicó en sus escritos el objeto de esa indagación: "si los hechos denunciados fuesen ciertos,  podrían constituir un delito de suposición de parto, por lo que para alterar el estado de filiación, obviamente también se habría alterado la documentación necesaria para inscribir a un recién nacido".

De la misma manera, la investigación de las personas nacidas en el período citado permitiría "descartar una falsa maternidad" inscrita en el Registro Civil. 

Esta investigación -reconoce el abogado-  no se puede realizar si no existe autorización judicial, pues esas bases de información están protegidas por la Ley de Protección de Datos.

Desde que en 2011 se presentó la primera denuncia, el Grupo de Homicidios de la Policía de Sevilla ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de varios centenares de casos, aunque en el denunciado por Isabel consideró que no eran viables nuevas vías de trabajo ni se podía avanzar más "en orden a determinar el destino que se dio al cadáver".

Previamente había hecho gestiones infructuosas en el cementerio de Sevilla y en el camposanto del pueblo de la familia en cuanto a un posible registro de la inhumación del bebé. Junto a la escasa documentación, el auto de archivo añadió la dificultad derivada de la edad que tienen ahora las personas que pudieran aportar datos "y la diferente organización, estructura, legislación y protocolos para la localización del lugar de inhumación".

"No es que no se hayan hecho gestiones, es que han resultado negativas", dijo la juez: se ha buscado en hospitales y administraciones públicas, en departamentos de beneficencia a nivel provincial y estatal, y en las empresas funerarias. Incluso se buscó sin éxito otro posible destino del cuerpo para investigación en la Facultad de Medicina.

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