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El promotor de la acción disciplinaria no ve infracción por las críticas de Alaya a los fiscales

  • El promotor entiende que no existió una "falta de consideración" a los miembros de la carrera fiscal, sino que fue una "crítica" dirigida al régimen legal de funcionamiento del Ministerio Público

  • El responsable de investigar las infracciones de los jueces aún no se ha pronunciado sobre las quejas que realizaron los propios jueces de Instrucción de Sevilla contra Alaya, así como las realizadas por el ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopez y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez, que está siendo juzgado en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya.

La juez Mercedes Alaya.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde Díaz, ha acordado archivar la diligencia informativa incoada, tras recibir una queja del Consejo Fiscal, en relación con las manifestaciones realizadas el pasado 4 de junio por la magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya en un foro informativo.

El Promotor entiende que no existió una falta de consideración a los miembros del Ministerio Público, según ha informado este viernes el máximo órgano de gobierno de los jueces. El Consejo Fiscal presentó la queja porque consideraba que las declaraciones de Alaya ponían en entredicho, “con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”.

La Fiscalía recordaba que en una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid, Alaya había afirmado que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería “como tener al lobo metido dentro del gallinero”.

Tras proceder al visionado de la grabación y una vez valorado el contexto en el que tuvieron lugar las manifestaciones objeto de la denuncia del Consejo Fiscal, el promotor concluye que contenían una crítica dirigida al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que se refiere al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, pero no a los miembros de la Carrera Fiscal, de quienes la magistrada Mercedes Alaya dijo expresamente que son “excelentes profesionales”.

Por ello, no cabe apreciar el elemento subjetivo de culpabilidad que caracteriza toda infracción disciplinaria, añaden las fuentes del CGPJ.

Otras quejas abiertas

Tras el archivo de esta queja de los fiscales, el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo aún debe pronunciarse sobre otras tres quejas realizadas en los últimos meses contra la juez Mercedes Alaya a raíz de sus declaraciones y que se corresponden con los escritos realizados por la junta de jueces de Instrucción de Sevilla; el ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, que fue absuelto de la supuesta apropiación indebida relacionada con su gestión en el club; y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que está siendo juzgado actualmente junto a otros ex altos cargos andaluces en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

La junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que está integrada por 21 magistrados, expresó en mayo pasado por unanimidad su "profundo malestar"y el "absoluto rechazo" por las declaraciones de Mercedes Alaya, en las que criticó con vehemencia la labor de sus compañeros.

La junta de jueces lamentó los comentarios que Alaya ha realizado con respecto a sus "compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla".

Los jueces no se referían únicamente a las manifestaciones realizadas recientemente por la instructora, sino a las que hizo con anterioridad con motivo de impartir alguna conferencia, de ahí que unieron las críticas realizadas a su sucesora en el juzgado de Instrucción número 6, la juez María Núñez Bolaños.

Por su parte, el ex presidente del Real Betis ha pedido directamente al CGPJ que abra un “expediente disciplinario” a Mercedes Alaya, al entender que “sobran las razones” para la apertura de esta investigación que, según el escrito remitido al CGPJ, “dará oportunidad a la magistrada para que fundamente y justifique” su “sibilina acusación, tan extemporánea como grave y dañina”, en alusión a la afirmación de Alaya respecto a que nadie descarta que el Betis pudiera llevar una “contabilidad paralela” en la etapa en la que Lopera estuvo al frente de la entidad.

El ex mandatario bético decidió poner en conocimiento del promotor unas afirmaciones de la juez que considera que, por su“improcedencia y gravedad”, fuesen “merecedoras de corrección disciplinaria”. Lopera dice en el escrito, al que tuvo acceso este periódico y que está plagado de epítetos críticos con las manifestaciones realizadas por la juez el pasado 21 de junio a un grupo de periodistas en la Audiencia de Sevilla, que esta última y “sorprendente” afirmación sobre esa supuesta contabilidad oculta, es “radicalmente gratuita e inaceptable”.

Lopera cree que Alaya no debió pronunciarse sobre un caso que aún está vivo, al haberse anunciado un recurso de casación por una de las acusaciones particulares. “Si todo ciudadano debe respetar y acatar las sentencias, doblegando su particular criterio al que dicten los jueces y tribunales, huelga decir lo que cabe esperar de una juez que, además, fue la instructora de la causa”, asevera el ex mandatario del Real Betis.

Alaya pretende "condicionar" al tribunal, según el ex interventor

La última queja que tiene sobre la mesa el promotor de la acción disciplinaria es la efectuada por el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez , quien se quejó ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al estimar que las declaraciones de Mercedes Alaya en las que criticaba las injerencias del Poder Judicial y a sus compañeros, pretenden "condicionar" al tribunal que actualmente le juzga a él y a otros ex altos cargos por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

En la carta, a la que tuvo acceso este periódicoel ex interventor general de la Junta se mostró "ofendido y perjudicado" por las declaraciones de la juez Alaya, y apuntó que estas manifestaciones tendrían como objetivo, a su juicio, "bien directamente, bien a través de la creación de un estado de opinión en la sociedad, condicionar al tribunal sentenciador y a las acusaciones, incluida la acusación de la Junta de Andalucía, en la búsqueda de una condena penal en una causa por ella instruida, mediante una sentencia condenatoria severa y la determinación de exacerbadas responsabilidades pecuniarias contra los acusados".

El ex alto cargo también se refirió a los comentarios que hizo Alaya en tono jocoso al afirmar que la única reforma que se había hecho en la Audiencia eran unos nuevos baños para que los imputados de los ERE hicieran sus necesidades, algo que Manuel Gómez considera una "falta de respeto y consideración hacia las personas aludidas, a las que se les atribuye un trato de favor inexistente", dado que estos nuevos aseos son para uso exclusivo de jueces y funcionarios de Justicia, teniendo que bajar los imputados cuatro plantas para acudir a los lavabos públicos.

Manuel Gómez rechazó igualmente las afirmaciones de Alaya respecto a que la Junta estaría absteniéndose de reclamar la responsabilidad civil de los ex altos cargos -algo que no es cierto si se tienen en cuenta las seis demandas de la Junta que han concluido con seis condenas en el Tribunal de Cuentas por los ERE- y que cuantifica en 850 millones de euros.

Sobre este aspecto, recuerda el interventor que la Junta "se ha reservado expresamente el ejercicio de la acción civil", y en cuanto a la cifra de 850 millones del presunto fraude, destaca que esa cifra "no está determinada" aún porque no se ha dictado sentencia en ningún proceso y además en esa cantidad se incluyen las cantidades "que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo".

El interventor concluyó afirmando que estas manifestaciones, que tilda de "profundamente erradas y desafortunadas" de Mercedes Alaya, por cuanto "persiguen, notoriamente, socavar el prestigio, la honorabilidad y el respeto que a todos los ciudadanos nos debe merecer una institución como es la Administración de Justicia", y concluye que las mismas podrían ser constitutivas de infracciones disciplinarias, como faltas "muy graves", de acuerdo con los artículos 417 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial.

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