Un joven ha sido detenido esta semana en Sevilla y puesto en libertad durante varios días consecutivos como presunto autor de amenazas de muerte a su ex compañera sentimental, hechos por los que el primer día la juez de Violencia sobre la Mujer le impuso la prohibición de acercar a la víctima a menos de un kilómetro y para garantizarlo se le colocó incluso un brazalete electrónico. Las amenazas de muerte a través del móvil continuaron y provocaron los siguientes arrestos, de los que también quedó en libertad a pesar de que la Policía ha calificado el riesgo para la víctima de “extremo”, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Se da la circunstancia además de que la víctima -de 31 años- ya había sufrido violencia machista por parte de otra pareja anterior, que llegó a atropellarla en el año 2015 a las puertas de la Comisaría de Policía en Camas (Sevilla), adonde había acudido precisamente para denunciar a su agresor. Por este caso, su ex pareja fue condenado a varios años de prisión, pena que está cumpliendo en la actualidad.

Los nuevos hechos que ahora ha denunciado la víctima, R. E., se remontan al pasado lunes, cuando la Policía detuvo a su ex pareja, R. C. B., por un delito continuado de amenazas en el ámbito de violencia de género. El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 tomó declaración al investigado y a la denunciante, y cotejó las llamadas y mensajes enviados al teléfono de la mujer.

En el auto dictado el pasado lunes, la juez considera que existen indicios suficientes del delito continuado de amenazas como para adoptar la medida cautelar que había solicitado la Fiscalía para garantizar la seguridad, con la colocación de una pulsera telemática para la verificación de su correcto cumplimiento, extendiendo la medida de protección a sus dos hijos menores de edad.

La mujer declaró que fue víctima de continuas amenazas de muerte por parte de su ex pareja sentimental desde que cesó la relación afectiva y la convivencia que mantenían en una localidad de la provincia de Sevilla, habiéndose visto “reforzado inicialmente su testimonio por datos de carácter objetivo”, en alusión a las llamadas y mensajes de texto (WhatsApp) que le envió el investigado, siendo su contenido “claramente ofensivo y amedrentador, al constar claras amenazas de muerte dirigidas, no solamente” a la mujer, sino también a sus hijos menores de edad, precisa el auto del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla.

La mujer declaró ante la Policía que está "convencida" de que su ex pareja la va a matar

En la denuncia ante la Policía, la joven aseguró que convivió durante cuatro meses con R. C. B. y que desde el inicio de la relación fue objeto de “palizas constantes y sin poder salir” del domicilio para ser atendida por el médico. Y también que la ha amenazado de muerte a ella y a sus hijos, llegando a manifestar que está “convencida” de que su ex pareja la va a matar. La víctima sostiene que su ex compañero sentimental es “muy celoso y posesivo” y no acepta la ruptura de la relación, y añade que también ha sido agredida en varias ocasiones por la madre de su ex pareja, puesto que se trata de una familia conocida por ser “bastante problemática”, señala una de las denuncias presentada ante la Policía.

Al día siguiente, el martes 21, y el miércoles, la joven volvió a presentar nuevas denuncias, y mientras estaba en Comisaría recibió nuevos mensajes con amenazas en su teléfono móvil.

Dice la magistrada que, atendiendo a la naturaleza y alcance de las expresiones denunciadas, junto con la valoración policial del riesgo, que lo califica como “extremo”, resulta necesario adoptar las medidas para limitar o restringir la libertad del denunciado en “aras a garantizar la protección de la perjudicada y de sus hijos menores por existir la razonada posibilidad de que en un futuro inmediato se reiteren las referidas conductas, o que incluso puedan agravarse las mismas”.

Por todo ello, el primer auto judicial impuso a R. C. B. la prohibición de acercarse a un kilómetro de la mujer y de sus dos hijos menores de edad, de su domicilio, lugar de trabajo, centro escolar o cualquier otro en el que se encuentren. La juez decidió colocarle el brazalete electrónico porque al joven no le constan antecedentes penales de violencia de género ni por hechos de naturaleza violenta y que “en ningún momento ha habido contacto visual alguno entre denunciante e investigado, ni ningún encuentro, ni tan siquiera casual, entre ambos desde que cesara la relación sentimental hace aproximadamente tres semanas, residiendo asimismo en localidades diferentes”.

Fuentes del caso apuntaron que resulta inexplicable que el joven haya vuelto a quedar en libertad en varias ocasiones, a pesar de haber quebrantado en los días siguientes la orden de alejamiento impuesta.