Los funcionarios de prisiones siguen en pie de guerra. Habían ofrecido un respiro al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez para que mejorara la situación del personal de los recintos penitenciarios, "pero encabezó promesas y no fructifican; han cambiado el Gobierno pero la música es la misma", señalan las fuentes sindicales consultadas por Huelva Información.

Ante este panorama, los sindicatos CCOO, UGT, Acaip y CSIF han decidido unir fuerzas y han convocado una huelga general que se desarrollará en los días 24 y 26 de este mes y durante el 6, el 8, el 13 y el 15 de noviembre, que conllevará paros de 24 horas y de la que "esperamos una cuota de participación muy alta del colectivo". No obstante, las fuerzas sindicales sospechan que "posiblemente los servicios mínimos sean más elevados que los propios turnos diarios de funcionarios de vigilancia, en un alarde de poca coherencia".

50Vacantes. Acaip calcula que es el volumen de efectivos necesario para reforzar la plantilla onubense

Como aperitivo de las movilizaciones, tal y como avanzó ayer a este diario el delegado provincial de Acaip en Huelva, José Juan Serrano, "nos encadenaremos en la sede del Ministerio del Interior la semana que viene, el 17 de octubre".

Las reivindicaciones de los funcionarios penitenciarios tienen su base en la falta de efectivos y de recursos para llevar a cabo su trabajo "de una forma digna", en las agresiones que sufren, precisamente, por esa escasez de personal o en el suministro masivo de medicación psicotrópica a los internos los fines de semana y festivos ante la ausencia de sanitarios que cubran esos turnos. A todo ello agregan el conflicto salarial que exige, desde su prisma, la necesidad de una negociación "real" sobre las mejoras retributivas.

Serrano especifica que en la prisión de Huelva hay unas 35 plazas vacantes, a las que hay que sumar las 15 del Centro de Inserción Social (CIS), con lo que son medio centenar los puestos por cubrir para una población reclusa que rebasa las 1.100 personas en la penitenciaría de La Ribera, por ejemplo. "No tenemos personal suficiente para devolver a estas personas a la sociedad de la mejor forma posible", lamenta el delegado provincial de Acaip.

Ante semejante falta de efectivos, los sindicatos no entienden cómo el cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, puede estar vigilado por más de 30 funcionarios en el módulo de hombres de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) que ocupa de forma exclusiva.

José Juan Serrano apunta además al hecho de que Instituciones Penitenciarias "dé prioridad a la publicidad institucional por encima de la necesidad de corregir los problemas diarios". Con ello se refiere, sin ir más lejos, a la inversión que el Ejecutivo ha realizado en la reparación y puesta a punto de las piscinas de 23 penales españoles, entre ellos el de Huelva, "en las que se ha invertido una media de 50.000 euros por centro".

En el caso de la piscina de La Ribera, por ejemplo, "no se ha podido usar más de un mes y medio y la afluencia de los internos es escasa porque no hay personal para garantizar la seguridad" en este área de la macrocárcel onubense. Serrano entiende que aunque la piscina es un buen elemento resocializador, "hay prioridades a las que destinar esos recursos, como la corrección del sistema del programa sanitario que tan mal funciona" y que deja un reguero de sobredosis en un centro como el de Huelva, donde "el 40% de la población tiene algún problema médico o psiquiátrico".

Otra de las quejas sindicales está en que el año pasado dos personas con graves problemas mentales (no penales) ingresaron en La Ribera -fueron 30 en las cárceles andaluzas- y "no hay psiquiatra residente ni los funcionarios tenemos la formación adecuada para atender a estos enfermos".