Tras años de recortes y merma en los derechos de los empleados públicos, el responsable provincial de Administración General de la Junta de Andalucía del sindicato CSIF en Huelva, Manuel Antonio Conde, analiza la situación de este sector abordando los principales problemas que, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años en la recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales, continúan lastrando los servicios públicos. Conde aboga en esta entrevista por la gestión pública de todos ellos eliminado los conciertos y la externalización.

En las últimas semanas, CSIF ha exigido públicamente volver a implantar la gestión pública en los comedores escolares y en los centros de menores y mayores, ¿por qué en este momento?

Se trata de una reivindicación histórica de este sindicato. Siempre hemos abanderado la defensa de los servicios públicos y de la gestión pública como garantía de igualdad, equidad y calidad. Los empleados públicos son los garantes del Estado del Bienestar y son ellos los que deben gestionar todos los servicios a la ciudadanía para que cualquier proceso se realice de forma transparente y profesional. En este caso, hemos vuelto a retomar las reivindicaciones por un doble motivo; por una parte, porque las propias administraciones han reconocido la superación de la crisis económica y financiera y, por otra parte, por el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y su, en principio, buena disposición a negociar estas cuestiones.

¿Qué deficiencias presentan a día de hoy los comedores escolares gestionados por empresas externas?

Actualmente, en la provincia de Huelva hay más de 90 centros que tienen externalizado este servicio a través de una empresa de catering, frente a solo una veintena que conserva la gestión directa. Esto ha supuesto una merma importante en la calidad de la comida que se sirve al alumnado. A la línea fría, impuesta por la Administración andaluza, se le une la falta de variedad en los menús; la carencia de platos servidos que a veces resultan insuficientes para todos los comensales; se rompe la cadena del frío y esto repercute en la conservación de los alimentos, esto entre otras muchas deficiencias. También hemos recibido quejas sobre la elaboración de los menús escolares ya que muchos de ellos no están confeccionados siguiendo las pautas de la Sancyd, la guía de comedores escolares o el programa Perseo. Todo ello, además, se une a las reclamaciones que prácticamente a diario las madres y los padres del alumnado trasladan a los comedores o a los centros sobre la calidad de la comida que se sirve y su escasez, en muchos casos.

Explique la problemática de los centros de menores y mayores…

Como en el caso de los comedores escolares, sólo tenemos un centro de menores y un centro de mayores de gestión pública por la Junta de Andalucía en la provincia onubense. Todos los demás, funcionan a través de conciertos y esto repercute, por ejemplo, en la asignación de las plazas. En el caso de las residencias de mayores, podemos hablar de más del 90% de las plazas concertadas. La gestión pública supondría un vuelco en la forma de organizar, planificar y destinar los recursos y de esta forma mejorar la calidad de los servicios a dos colectivos tan sensibles como los menores y nuestros mayores.

¿Cómo mejoraría la gestión siendo íntegramente pública?

 La gestión pública supone que no hay ningún tipo de interés más allá del prestar un servicio de calidad para los ciudadanos y de garantizar la igualdad de acceso a ellos. Las empresas siempre se mueven por criterios economicistas, de ganancias y pérdidas; básicamente tratan el servicio como una forma más de hacer rentable un área de negocio. Los servicios que están gestionados íntegramente de forma pública únicamente persiguen servir, atender y prestar ayuda a los usuarios sin líneas rojas. Otra cuestión es lo que la Administración decida o no invertir y dónde quiere destinar sus recursos. Precisamente ésta es una de nuestras luchas constantes: que la Junta dote de personal y material suficiente todos los servicios públicos.

Otra de las reivindicaciones de CSIF desde hace años ha sido la mejora de la flota de vehículos de seguridad de la Junta de Andalucía, ¿cómo ha evolucionado esta situación?

La respuesta de la Administración sigue siendo la misma: mirar hacia otro lado y obviar un problema que sabemos que va a terminar con algún accidente de gravedad. No alcanzamos a entender cómo después de casi diez años de denuncias, la Junta no ha atendido nuestras demandas para renovar la flota de vehículos poniendo en riesgo a sus propios trabajadores. Hablamos de coches que cuentan con más de 15 años de servicio y la mayoría de ellos superan los 400.000 kilómetros. No tienen la dotación mínima, carecen de mantenimiento y presentan fallos en el sistema de frenos. Además, hemos conocido que los empleados públicos no pueden ejercer sus labores de vigilancia e intervención por la falta de medios.

¿Continúa habiendo deficiencias en el Servicio Andaluz de Empleo?

La Administración no puede enorgullecerse de luchar activamente contra el desempleo cuando en un servicio esencial como el que se presta desde el SAE viene arrastrando desde hace años problemas de recursos económicos y humanos. Especialmente durante los años de crisis, el SAE ha estado colapsado por la falta de medios y el aumento de la demanda. Hemos denunciado en varias ocasiones la dejadez de la Administración, algo que ha repercutido especialmente en la atención al público y en la merma en la calidad del servicio que se presta al ciudadano. Por ello, desde CSIF instamos una vez más a la Junta a invertir lo necesario en el Servicio Andaluz de Empleo ya que es de vital importancia para la gestión laboral y ayudar a los onubenses a encontrar trabajo.

¿Cómo ha avanzado la recuperación de derechos durante los últimos años?

Hemos avanzado en muchos aspectos restituyendo derechos y condiciones laborales perdidas durante los años en los que nuestros sueldos se convirtieron en la hucha de las administraciones. Actualmente, hemos conseguido la recuperación de las 35 horas, la paga extra de 2012 y los fondos de acción social; se han eliminado los descuentos por incapacidad temporal; se ha logrado una subida salarial de casi un 9% en 3 años; hemos alcanzado el 100% de la tasa de reposición y conseguido medidas que favorecen la conciliación familiar y laboral, y la reubicación del personal indefinido no fijo y su movilidad por salud laboral, entre otras cuestiones. No obstante, nuestra lucha es volver a los niveles retributivos anteriores a la crisis, crear y consolidar empleo para paliar el déficit de empleados públicos y conseguir las mejores dotaciones y medios en los diferentes servicios de la Junta de Andalucía.

Cuáles son los objetivos de CSIF de cara al próximo proceso electoral?

Lógicamente nos marcamos varios objetivos y retos de cara a estos próximos cuatro años para recuperar algunos derechos perdidos como las pagas extraordinarias del 2013 y 2014, mejorar la carrera administrativa del personal laboral que actualmente está estancada, presionar a la junta para que realice un estudio de rejuvenecimiento de las plantillas del personal laboral pues la edad media del personal es bastante alta y de cara al futuro puede suponer un problema para los servicios que prestan a la ciudadanía y muchos otros retos que plasmamos en nuestro programa electoral. De igual forma, esperamos aumentar nuestra representatividad en los Comités de Empresa y Delegados de personal y con ello revalidar nuestra posición para defender los derechos de los trabajadores como el sindicato con mayor representatividad en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía, pues es donde finalmente se negocian los acuerdos marcos que afectan a todos los Empleados Públicos de Andalucía.

El próximo 18 de junio se celebran elecciones sindicales para el personal laboral de la Junta de Andalucía, ¿qué le diría a los votantes?

En primer lugar, desde CSIF queremos agradecer a todos los empleados públicos su labor incansable, su dedicación, su esfuerzo y constancia, por esa entrega que va más allá de lo que les corresponde para sacar adelante los servicios públicos. En segundo lugar, los animo a votar porque la abstención favorece a los que han recortado nuestros derechos y a aquellos que defienden la externalización de los servicios. Tenemos que hacer del día 18 de junio una jornada reivindicativa, más allá del sentido del voto. Nosotros tenemos una responsabilidad adquirida con los empleados públicos. Hemos estado siempre en primera línea defendiendo sus intereses. CSIF es un sindicato plenamente consolidado que durante muchos años viene aportando profesionalidad, independencia, coherencia, honestidad y transparencia. Nuestro modelo sindical ha demostrado que trabajamos de forma seria, comprometida y sobre todo honesta. Concurrimos a estas elecciones con el aval de nuestros logros, reivindicaciones y luchas. No es nuestro estilo conseguir votos de forma desleal menospreciando a ninguna otra organización ni engañando a los trabajadores. Nuestro trabajo, que hemos venido haciendo y demostrando, habla por nosotros.