Las sentencias que han dictado los tribunales onubenses pero que están pendientes de ejecución se elevaron a 30.735 en el segundo trimestre de este año. El dato no es baladí y se traduce en solo un año en un aumento del 4,5% en el volumen de fallos judiciales por cumplir, que fueron 1.321 más al cierre del pasado junio que en el mismo mes de 2019.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya recordó en su última Memoria que la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes forma parte del contenido del derecho a la tutela efectiva, recogido en la Constitución, y que esta “continúa siendo preocupante año tras año ante el elevado volumen de ejecutorias pendientes”.

Es la jurisdicción civil la que acumula en la provincia el grueso de las sentencias sin ejecutar, el 78,5% del global entre abril y junio. Son 24.128, lo que suponen otras 710 más que en el mismo plazo del ejercicio precedente. El tribunal andaluz enfatiza que esta coyuntura genera “un grave quebranto del contenido del artículo 24 de la Constitución en su vertiente del derecho a la ejecución de lo juzgado”, por lo que entiende que la puesta en marcha de Servicios Comunes de Ejecución de forma generalizada “es, casi con toda probabilidad, al igual que en la ejecución penal, la medida que puede resultar más efectiva de cara a reducir esa elevada pendencia de ejecuciones”.

El orden penal, por la gravedad de los delitos, es el que más preocupa al TSJA. Prácticamente 19 de cada cien ejecutorias por culminar pertenecen a esta jurisdicción, un total de 5.820 que se traducen en 475 más que el segundo trimestre de 2019. En la memoria de ese año, publicada el pasado mes de julio, ya el TSJA indicaba que este año “deberá valorarse el mantenimiento de la adscripción de los Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que actualmente desempeñan funciones de refuerzo” en los juzgados de lo Penal.

En la jurisdicción social el impacto es menor, con 596 ejecutorias pendientes el 30 de junio que, sin embargo, si constatan un crecimiento notable del 34,5% con respecto al mismo periodo de 2019.

Los tres órganos de lo Contencioso-Administrativo de Huelva son los que consiguieron mantener mejor el tipo durante el estado de alarma, llegando incluso a reducir la pendencia de 208 ejecutorias a 191 en el segundo trimestre de este año (-8,2%).