"Llevo dos años en la cárcel inocentemente, injustamente; mi padre falleció en el mes de agosto y me he tenido que pasar todo este tiempo aquí muy mal, siendo inocente de una agresión a una mujer". Con esta alocución hizo ayer uso del turno de la última palabra A.G.V., el principal acusado de trata de seres humanos, favorecimiento a la prostitución de menor de edad y agresión sexual a una adolescente de La Palma del Condado en abril de 2016, asunto que se juzga desde el lunes en la Audiencia Provincial de Huelva y que ayer quedó visto para sentencia. Los otros dos procesados, M.P.V. y J.P.P., declinaron la invitación del presidente del tribunal, José María Méndez Burguillo, a añadir unas últimas palabras antes del fin del plenario de la Sección Tercera.

El Ministerio Público mantiene la acusación contra ellos: 18 años de prisión para el presunto cabecilla , A.G.V., por los tres delitos referidos y diez años de reclusión, respectivamente, para los otros dos, a quienes solo excluye de la autoría de la violación a la adolescente, que tenía 17 años cuando sucedieron los hechos. En su informe final el fiscal, Miguel Ángel Arias, recordó que acusa al trío de contactar y convencer a la niña para que se introdujera durante unos días en un club de alterne de Orense -a cambio de 5.000 euros- para denunciar en ese momento al propietario del prostíbulo y que la Policía, ante la presencia de la menor, le precintara el local. La agresión sexual, según la acusación pública, se produjo en el baño de una estación de servicio en la que pararon a repostar en Zamora, antes de llegar a Ponferrada.

Los forenses afirman que las secuelas son de por vida y compatibles con la agresión sexual

Arias puntualizó que cuando se habla de una menor de edad "da igual que la menor consienta o no: hay captación y traslado y eso es trata de seres humanos". Es más, no es necesario que el fin fuera la explotación sexual de la adolescente, "sino que también hay trata cuando el objetivo y la finalidad es realizar actividades delictivas, aunque el fin no fuera sexual", caso de intentar de forzar una denuncia falsa o realizar un chantaje con la maniobra planeada.

El fiscal mostró su apoyo rotundo a la versión de la víctima, que a su juicio tiene "una verosimilitud absoluta", y criticó en su exposición la "tendencia contemporánea a hablar de lo que la perjudicada hace o deja de hacer después, cuando eso no es prueba o no prueba de que haya sufrido una violación".

Recordó que cuando la víctima declaró el lunes a puerta cerrada y tras un biombo, rompió a llorar y pasó un mal trago al recordar la violación, que se cometió cuando la niña tenía la menstruación y un tampón puesto, algo que vieron perfectamente posible los propios forenses que declararon ayer en el juicio y que no tiene por qué requerir una intervención ginecológica después de lo sucedido. Los peritos del Instituto de Medicina Legal de Huelva, además, dejaron claro que los daños psicológicos que sufre la víctima son "compatibles con los hechos", irreparables y "de por vida". Sufre trastornos neuróticos y estrés postraumático con fenómenos de evocación, evitación e hiperventilación frecuentes.

El informe final de la defensa de A.G.V., Manuel Castaño, se centró en la petición de la absolución de su patrocinado con un ataque feroz a la víctima: "Su declaración es camaleónica e interesada, está llena de contradicciones; su testimonio no es suficiente para enervar la presunción de inocencia de mi representado". Remarcó que "no fue obligada a prostituirse", que está acreditado que "tenía la regla y que la única idea de todos era cerrar el prostíbulo".

En referencia a la violación, el letrado manifestó: "Según ella tenía un tampax puesto, algo de lo que nos hemos enterado ahora, dos años después; ¿qué servicio de ginecología la atendió después? Y ella denunció meses más tarde. Así que se produjo todo en un baño de un metro y medio cuadrado, cuando ella tenía un mono y hasta los zapatos puestos... es imposible". Entiende Castaño que "todas las versiones que da son por su interés" y que "no hay verosimilitud en su relato".

La abogada de los otros dos acusados, M.P.V. y J.P.P., subrayó que ellos "no han llevado a cabo ningún ilícito penal", así que también solicitó una resolución absolutoria para ambos.

Antes de los alegatos declaró en el plenario la camarera de la estación de servicio donde los cuatro pararon antes de llegar a Ponferrada y que indicó que A.V.G. "estuvo hablando todo el tiempo" con ella en la barra del bar, por lo que le dio coartada. Las acusaciones observaron que "ese día no pudo caer en sábado, porque ya estaban de vuelta a la provincia de Huelva" y que los hechos no ocurrieron en ese establecimiento del que era empleada, sino en otro.