El presidente de Portugal lamenta la muerte del agente de la GNR en el Guadiana y sigue la evolución de los heridos

El presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado, a través de la web de la presidencia, su profundo pesar por la muerte del cabo Pedro Manata y Silva, agente de la Unidad de Control Costero y de Fronteras de la Guardia Nacional Republicana (GNR), fallecido durante una operación de fiscalización en el río Guadiana, cerca de Alcoutim. Según medios lusos, el presidente está siguiendo la evolución de los tres guardias heridos, deseando su pronta recuperación y transmitiendo apoyo y solidaridad.

El accidente ha ocurrido la noche de este lunes, cuando la patrullera de la GNR fue embestida por una narcolancha, que según la investigación preliminar podría estar vinculada al tráfico de drogas. La embarcación de los sospechosos fue posteriormente hallada en llamas a unas dos millas del lugar del siniestro, mientras los responsables se dieron a la fuga. Dada la situación fronteriza del lugar de los hechos, las autoridades lusas ya han alertado a las españolas.

Los tres policías heridos están ya fuera de peligro, y al margen del fallecido, uno de ellos ha sufrido una fractura en el brazo, y los otros dos abrasiones, según ha informado la propia GNR.

En las labores de rescate participaron anoche 35 efectivos, con el apoyo de 14 vehículos, medios fluviales y personal sanitario.

El presidente ha presentado personalmente sus condolencias a la familia del cabo fallecido y a sus compañeros de la GNR, reconociendo su labor en defensa de la ley y la seguridad ciudadana.

El cabo Pedro Manata y Silva pertenecía a la Unidad de Control Costero y de Fronteras, encargada de patrullar el Guadiana y otras zonas fronterizas de Portugal, donde el tráfico de drogas por vía fluvial representa cada vez más un enorme desafío.

Este incidente ha ocurrido poco después de que el presidente haya promulgado una ley que regula el uso de lanchas rápidas, una medida destinada a combatir el narcotráfico.

Dicha legislación establece que la identificación de estas embarcaciones es obligatoria, y los propietarios, así como quienes las importen o exporten, pudiendo enfrentarse quienes no la cumplan a penas de prisión de hasta cuatro años. La misma ha sustituido a la anterior, que solo contemplaba sanciones económicas.