Están "contra las pensiones de miseria" y "por el futuro de las pensiones". Así puede resumirse el sentir de la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, que prepara ya la manifestación convocada a nivel estatal por los sindicatos y que en Huelva partirá a las 12:00 desde la rotonda de los Bomberos, para concluir en la Plaza de las Monjas.

Durante un encuentro con la prensa en la tarde de ayer, el portavoz del colectivo, Rafael Paladini, explicó que las cerca de 200 personas que en estos momentos forman parte de esta plataforma buscan enfrentar el "plan de liquidación" del sistema de pensiones.

Según valoró, desde el año 2011 se han hecho varias reformas con dos excusas: la necesidad de adaptación del sistema de la Seguridad Social a la realidad económica y social de estos años, requisito que tildó de real, y los efectos provocados por la crisis y las medidas tomadas para afrontarla.

Bajo este paraguas, recordó que en los años 2011 y 2013 salieron adelante dos leyes que, a juicio del colectivo, son "extraordinariamente lesivas" para los actuales pensionistas y los futuros. El elemento común de ambas es "reducir el importe de la pensión con la excusa de que el sistema no es mantenible". En este sentido, argumentó que la subida de 0,25% es "una congelación real y verdadera" para quien cobra 800 euros. Esta medida, además, está articulada de tal forma que "se va a mantener durante años si no se deroga la ley" en la que se establece.

En cuanto a los futuros pensionistas, señaló que varias son las medidas negativas. Una de ellas entra en vigor en enero del próximo año y es "el factor de sostenibilidad", cuyo argumento básico es que, como se prevé que al aumentar la esperanza de vida se prevé el cobro de la pensión durante más años, "se reduce el importe que se percibe mes a mes para que a lo largo de la vida termine cobrando lo mismo que si fuera una persona con cinco o diez años menos".

El colectivo sostiene que en España el gasto en pensiones se sitúa en el 11%, según los datos aportados por la ministra Báñez, mientras que en el resto de Europa supera el 16%, de modo que en el país "no es ningún dispendio, sino todo lo contrario".

Además del factor de sostenibilidad, Paladini recordó que en 2011 se aprobó otra reforma, en la que se introduce un calendario para retrasar la edad de jubilación a los 67 años y se amplía el número de años con el que se hacen los cálculos para determinar la base reguladora de la pensión. "Al incrementar el plazo de 18 a 25, se amplía en una etapa de la vida en la que los salarios que percibe el trabajador son más bajos y así el importe de la base reguladora es menor", señaló.

Otra medida a la que se refirió atañe a quienes hace unos años dejaron de trabajar con 50 años: quienes sufrieron la reconversión empresarial y los despidos colectivos. Estos trabajadores con condiciones de trabajo consolidadas, garantizadas por convenios colectivos y salarios dignos, han pasado por el desempleo contributivo y al acabarlo pasaron al subsidio o la prestación no contributiva, que es la cantidad mensual que perciben y la cotización a la Seguridad Social a cargo del sistema público de empleo. Pero, según señaló Paladini, el PP ha reducido las cantidades por las que el sistema público cotiza para las personas que perciben el subsidio y ha endurecido las condiciones para acceder a ese subsidio.

Por todo ello, los pensionistas entienden que la tendencia no es otra que la reducción de la pensión "con la excusa de mantener el sistema público de pensiones", cuando la pretensión real es "sustituirlo por un producto bancario: los planes de pensiones privados".