Por más que Caravallo (PSOE) despache el debate del nuevo Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental, esgrimiendo que "aquí, el que se queda atrás, es porque quiere", la cuestión es que la capital pierde otro tren. Y tan reciente el pique de Fitur. Con la voz rota, el PP cargaba ayer en el Pleno de la Diputación la "nueva estrategia sectárea y discriminatoria" del aparato socialista, no sólo para aislar institucionalmente al Ayuntamiento de Huelva, sino para "decidir qué municipios pueden beneficiarse de las subvenciones de la Junta de Andalucía para el turismo y cuáles no", apostilló ayer la diputada Mariló Cruzado.

La alineación: Ayamonte, Cartaya, Lepe, Isla Cristina, Punta Umbría, Gibraleón y Aljaraque.

Más de una laguna habrá habido en las comunicaciones (entre las instituciones, y también dentro del banquillo del PP) cuando, a fecha de ayer, el equipo de Gobierno de Pedro Rodríguez, apenas tenía noticias ni había recibido propuesta -siquiera a nivel informal- del proyecto supramunicipal que coordinaba la Administración presidida por Petronila Guerrero.

Huelva (la isla de Rodríguez), fuera de juego. Se repite el ciclo (máxime a las puertas de unas elecciones) en la etapa embrionaria de todos los consorcios, áreas metrapolitanas, y demás experimentos mancomunados.

No es el caso, porque estamos en un supuesto instrumental. La ruta que ayer vio luz verde en la sede de la Gran Vía huye de empirismos y de las acostumbradas abstracciones para encauzar un objetivo tan tangible como las subvenciones millonarias que la Junta repartirá en el marco de la Estrategia Andaluza de Turismo Sostenible. En principio, las transferencias se destinarían a programas de dinamización turística y a la mejora de las infraestructuras para el sector.

Sindicatos, empresarios y asociaciones se unirán en este organigrama, con la batuta de la Diputación, que pondrá la sede provisional del Consorcio y asumirá las tareas de "coordinación, orientación y conexión con otros planes de turismo sostenible que se van a poner en marcha en la provincia", explicó Ignacio Caravallo, portavoz del equipo de Gobierno del PSOE. Y es que, ante el emplazamiento de los diputados populares de que se incluyera en el Consorcio a las playas del Espigón, Mazagón y Matalascañas, con sus respectivas Administraciones locales, el portavoz socialista avanzó que, el caso de los últimos núcleos costeros -los del Litoral oriental de Huelva-, sería convenientemente resuelto desde el punto de vista de las subvenciones en otro plan que se traza para el ámbito de Doñana (abarcando ambos lados de la autopista de Sevilla). Asimismo, se plantean otros planes subcomarcales como el de la Campiña-Andévalo; o el de la Cuenca Minera-Andévalo.

Ante el balance provisional del PSOE, la diputada popular Mariló Cruzado reiteró la pregunta, sin frutos: "¿Dónde ubica usted, entonces, a Huelva capital?" Caravallo cerró el debate en los mismos términos en los que iniciábamos la crónica: "No hay colores políticos en este tema. De hecho, Lepe está en el Consorcio. Aquí, el que se queda atrás es porque quiere... Cada municipio se acoge a un plan turístico por cercanía. La capital, si quiere, tendrá su propio plan, como puede hacer cualquier pueblo."

Clamó en las filas del PP la alusión a Lepe como argumento de pluralidad del Consorcio. "Sería el colmo de los colmos -subrayó Cruzado- que encima marginaran a Lepe, teniendo gran parte de este tramo costero. Lo que no tiene justificación -incidió- es que cuenten con Aljaraque y Gibraleón, cuando hablamos de Costa, y se excluya a Huelva capital ¿Acaso no quieren que allí se cree riqueza y empleo?"