El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar el 29 de abril al exdelegado de Empleo y exdirector provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Eduardo Muñoz, que ha sido detenido por estos hechos hasta en dos ocasiones.

Según informaron fuentes judiciales, durante este mes de abril, los jueves y viernes, irán declarando los otros cargos de la Junta en Huelva que también están siendo investigados por estos hechos.

Entre ellos se encuentran José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, y José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, que hace unos días compareció ante la comisión del Parlamento. Todos ellos, junto a dos técnicos, están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Estas detenciones se llevaron a cabo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la Operación Edu. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución recoge partidas destinadas a 129 entidades que ascienden a cerca de 12 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 12.000 euros la más baja, hasta los 311.025 euros la más alta. Hay entidades de todo tipo y también 14 ayuntamientos de municipios onubenses.

A diferencia de Muñoz, dos de los detenidos siguen trabajando en el SAE y un cuarto ya está jubilado. Fueron detenidos el pasado mes de marzo y después de que se les leyesen los derechos como detenidos, se les tomó declaración. Al menos tres de ellos se acogieron a su derecho a no declarar.