Huelva

El letrado condenado por falsear facturas acude al Constitucional para que repita el juicio

  • El acusado pretende que el tribunal declare la nulidad de la sentencia condenatoria

Uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Huelva. Uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Huelva.

Uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Huelva. / Canterla (Huelva)

El letrado onubense condenado a un año de prisión y a otro de inhabilitación para ejercer la profesión por un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa procesal en grado de tentativa, relacionados con el falseamiento de un presupuesto y una factura de Cocinas y Muebles Franma (empresa que montó la carpintería de su casa en 2008 y a la que adeudaba 38.674 euros), ha recurrido el caso ante el Tribunal Constitucional después de que el Supremo inadmitiera sus alegaciones.

Como se solicita en el recurso de amparo, al que ha accedido Huelva Información, el jurista pretende que el tribunal declare la nulidad de la resolución condenatoria y decrete la "retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la sentencia" dictada en 2018 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, con el fin de que "se dicte otra, con nueva composición de los miembros del tribunal".

Hay que recordar que la empresa demandó al acusado por la vía civil para reclamarle 38.674 euros que le debía del montaje de la cocina de su casa. El Juzgado de Primera Instancia 4 de Huelva se hizo cargo del asunto y entonces, "con la intención de perjudicar a la entidad y que desestimara la demanda presentada contra él, confeccionó dos documentos –una factura y un presupuesto de 30.000 euros, respectivamente– a nombre de la entidad demandante, estampados con un sello similar al utilizado siempre por esta, en la que se hacía constar el correspondiente recibí para simular el pago de la cantidad presupuestada".

El letrado basa sus alegaciones en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, de un lado, y a una tutela judicial efectiva, del otro. Con respecto al primero, se señala en el recurso que no hay "prueba alguna incriminatoria contra el denunciado, sino meras conjeturas y suposiciones".

Sobre el segundo incidieron varias circunstancias, afirma su defensa: "La nulidad de las actuaciones por la admisión de unas pruebas totalmente extemporáneas (caso de la factura de Sellonuba y el interrogatorio del gerente de la empresa de sellos), la no valoración de periciales de parte del acusado "que eran fundamentales" para exculparlo y la existencia de "error evidente de hecho en la valoración fáctica de los acontecimientos y las pruebas".

La defensa remarca que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta en su auto de desestimación "las pruebas exculpatorias que constaban en las actuaciones" ni entró "a analizar los errores de hecho de las pruebas valoradas". Refiere que tampoco acometió el Alto Tribunal el análisis de la denuncia realizada contra la acusación particular por haber aportado la factura de Sellonuba y la declaración de su gerente in extremis y a escasos días del juicio como si fuera un "hecho de nuevo conocimiento", cuando era sabido "desde 2016", de ahí la "extemporaneidad".

La defensa considera que no hay prueba de cargo y que todo se basa en “suposiciones”

A juicio del condenado, dichas pruebas "han de reputarse nulas de pleno derecho y deberían extraerse del procedimiento y no ser tenidas en cuenta para la resolución del pleito".

A lo largo de las 34 páginas del recurso, el abogado detalla las "irregularidades" que apuntan a que "no hay prueba de cargo suficiente", haciendo constantes referencias a la grabación de la vista oral celebrada en la Audiencia para destacar esas "conjeturas" y "suposiciones" en las que dice que la Sala fundamentó la sentencia condenatoria.

La defensa llega a dirigir su ataque contra los demandantes, quienes "pudieron encargar un nuevo sello, pagarlo en efectivo para que no constase quién lo pagaba y pedir una factura para que así constase la fabricación, y alegar en el procedimiento civil que solo tenían un sello y que se había falsificado en esos documentos".

En paralelo, en el recurso se analizan las periciales presentadas y se discute que los expertos emitieran en el juicio algunas aseveraciones que les atribuye el tribunal en la sentencia, mientras que "no se han valorado" ni la pericial documentoscópica aportada por la defensa ni la tasación del valor de los trabajos de carpintería ejecutados en la casa del acusado, que era "de 37.469 euros, parejo al importe de 35.000 euros realmente abonados por los trabajos, lo que demuestra que no había pendiente de pago la deuda declamada por Franma".

Finalmente, se reitera que los errores de hecho del tribunal juzgador "resultan patentes, manifiestos, evidentes y notorios" y han sido determinantes para condenarlo, por lo que pide al Constitucional que admita su petición de amparo y revoque la resolución.

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