El sector de Justicia del sindicato CSIF denunció ayer la sobrecarga de los tres juzgados de lo Social de Huelva, que siguen con las mismas plantillas desde hace más de 25 años, con tan solo 30 trabajadores. Se da el caso, además, de que Huelva es la única provincia de Andalucía que tiene solamente tres juzgados de lo Social a pesar de que la propia Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz han reconocido que se necesitan dos más.

Los funcionarios que trabajan en ellos tramitan y resuelven todas las materias relativas a la Seguridad Social, altas médicas, reconocimiento de grado de incapacitación, reclamación de pensiones, despidos, reclamaciones de cantidades, sanciones e impugnaciones de convenios -entre otras cuestiones-, así como las ejecuciones de todos estos procedimientos.

Las plantillas de los tres órganos son las mismas desde hace 25 años

Desde el sector de Justicia de CSIF se explica cómo "a pesar de la apreciación general de que la crisis ha remitido, en Huelva y su provincia los despidos, cierres de empresas y liquidación de autónomos están a la orden del día". En diez años de crisis, los asuntos de los órganos de lo Social se han triplicado y han soportado una carga de trabajo que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobrepasa el 160% de la ratio. El CGPJ considera precisamente que la ratio debe estar entre 600 y 800 asuntos anuales; sin embargo en este último año en Huelva se han superado los 1.300 en cada uno de los tres centros, por lo que se ha duplicado la carga de trabajo que deberían asumir. Por todo ello, el propio CGPJ reconoce "la eficacia y la capacidad de trabajo de los funcionarios". Según los datos de la central sindical, el Juzgado de lo Social 2 es el que dicta más sentencias de España; cada jueza celebra 27 juicios a la semana y en cinco días está dictada la sentencia.

Estos datos, a juicio del sindicato, "demuestran el buen hacer de los trabajadores y de las juezas que están asumiendo una carga de trabajo mayor de lo estipulado. Su eficiencia es tal que, gracias a su labor, no existen demoras mayores". Por este motivo, CSIF apela a la Administración y al Defensor del Pueblo Andaluz para realizar "un reconocimiento público a este trabajo".

El incremento de los asuntos -a pesar del sobreesfuerzo de las plantillas-, unido a lo que CSIF considera "un alarmante déficit de personal", provoca que sea "totalmente imposible resolver de forma inmediata los procedimientos urgentísimos", como son las altas médicas, el traslado forzoso de trabajadores, cuestiones electorales y derechos fundamentales.

Los señalamientos de juicios y la tramitación de los despidos tardan una media de un año y las reclamaciones a la Seguridad Social son "imposibles de resolver" antes de dos años. Todo ello repercute negativamente en la atención que se les presta a los usuarios y ralentiza los procesos con un número cada vez mayor de afectados.

La solución sería un incremento de plantilla de al menos dos funcionarios más en cada centro o la creación de un juzgado de refuerzo. Por ello, la central sindical espera que las administraciones den solución al problema "de forma prioritaria" y "saquen de la marginalidad a la Justicia de Huelva".