Huelva

El juez confirma el procesamiento del exdelegado de Empleo

  • La Fiscalía debe solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa como pide la Junta

El exdelegado de Empleo, Eduardo Muñoz. El exdelegado de Empleo, Eduardo Muñoz.

El exdelegado de Empleo, Eduardo Muñoz. / h. información

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado el procesamiento del exdelegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos del mismo departamento por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la causa de los cursos de formación. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta ya ha presentado escrito pidiendo el sobreseimiento de la causa y se está a la espera de que la Fiscalía o bien presente uno en el mismo sentido o de acusación.

Junto a Muñoz están investigados en la causa el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Angel Gil Flores; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez Cabrera, además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona responsable de justificar las subvenciones.

Está investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos

El auto de procesamiento llega después de que la Audiencia haya desestimado los recursos presentados por los procesados y confirmado el auto del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva que ordenaba la continuación de la causa por procedimiento abreviado y emplazaba a las acusaciones a presentar sus escritos.

Según el juez "tras la instrucción se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

El juez considera que ha quedado constatado a lo largo de la instrucción que el máximo responsable era el jefe de Servicios de Formación para el Empleo y precisaba que "todo el proceso de selección y baremación de entidades beneficiarias se ha realizado de manera arbitraria por su parte, y bajo sus instrucciones, con la anuencia y colaboración del director provincial, se constituyó el órgano colegiado dedicado a la valoración, en la que sus miembros eran meros convidados de piedra".

En cuanto al exdelegado de Empleo, señala que "era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos; manteniendo una estructura desigual, principalmente en cuanto a la justificación de las subvenciones, que favorecía la absoluta falta de control del dinero entregado".

Eduardo Muñoz acudió en junio de 2016 a los tribunales citado por el Juzgado de Instrucción número 5 y se acogió a su derecho a no declarar al igual que el jefe del departamento de análisis, Programación y Formación Continua del SAE, Manuel María Velázquez y José Ángel Gil Flores, finalizando esta fase de declaraciones con estas dos citaciones. En julio de ese mismo año, el juez procesaba al exdelegado de empleo y a los seis cargos, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

Fruto de la investigación policial realizada, y tras tomar declaración a numerosos testigos en las diligencias previas, entre ellos alumnos, personal de empresas beneficiarias y los propios procesados, el juez apuntó directamente al jefe de servicios de Formación para el Empleo como quien ha "dirigido y supervisado, personal y directamente, todo este sistema de funcionamiento de la concesión de subvenciones en materia de formación". Añade que lo hacía mediante el control de "todas las facetas y etapas en la concesión de las subvenciones" y también que como responsable máximo de la Delegación de Empleo en Huelva, "era conocedor del procedimiento".

Las actuaciones se llevaron a cabo dentro de la operación Edu, en la que se investigaron las subvenciones recogidas en la resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, publicada en el BOJA.

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