El Grupo Municipal socialista denunció ayer que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto aprobar en el Pleno de mañana que el 54% del de la partida presupuestaria de 2007 para realizar inversiones que "aún no se ha ejecutado, se destine a pagar las deudas municipales a largo plazo".

El viceportavoz del PSOE en el Consistorio onubense, José Fernández, dijo que esto se traduce en que, de los 12,5 millones de euros previstos, 6.800.000 euros "que debían invertirse en infraestructuras y en cuestiones tan importantes como el arreglo de calles de la capital" irán a parar ahora a manos de los acreedores. Todo esto, dejó claro, con el agravante de que "el dinero saldrá de la venta del patrimonio municipal de suelo", por lo que "la deuda nos está comiendo".

Fernández apuntó que este es el primer año de los 13 que el Partido Popular lleva en el Gobierno en que "el interés supera a la amortización de deudas". A esta afirmación agregó que "esto significa una vuelta más de tuerca en la situación económica del Ayuntamiento", algo que se refleja en el "abandono que vienen sufriendo los barrios", donde el asfaltado es "deplorable" y la situación de limpieza es "mala". En este sentido, el socialista señaló que "en muchas cuestiones las barriadas sufren una discriminación total con respecto al centro de la capital". José Fernández anunció que durante la presente legislatura, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, "nos ofrecerá mucho parking público que sólo servirá para enajenar nuestro patrimonio de subsuelo, y no para realizar nuevas inversiones".

De otro lado, criticó que el equipo de Gobierno tenga la intención de aprobar en el Pleno de mañana el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores por valor de 150.000 euros. Según Fernández, el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Huelva destaca que una parte no se ajusta a la legalidad debido a que "responde a adjudicaciones de obras y servicios sin expedientes o a obras fraccionadas para que no alcancen la cifra de 12.000 euros que obliga a la convocatoria de un concurso para su adjudicación, lo que quiere decir que han sido adjudicadas a dedo".

Con la documentación remitida por el interventor por delante, el socialista aseguró que en las tres últimas liquidaciones municipales "se reconoce que 18 millones de euros responden a estos dos tipos de ilegalidad, atentando contra las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, ya que al alcalde sólo le preocupan los intereses de las grandes empresas".

Estas "anomalías que se repiten desde 2002" -aunque destacó que el 32% de las obras municipales de 2005 se adjudicaron "a dedo"- son las mismas que "las que Gil cometía en Marbella". Por ello exigió que la Fiscalía "debe actuar de oficio en este caso, porque mirar hacia otro lado sería muy grave en una situación económica denunciada por el propio interventor municipal". Finalmente recordó que la iniciativa socialista para corregir el desfase económico "fue rechazada por el PP".