La operación 30 días en el mar, lanzada por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol en los estados miembros de la Unión Europea, se ha saldado con un total de 72 personas físicas y jurídicas investigadas por su contribución a la contaminación marina. De ellas, ocho han sido imputadas en Huelva tras la investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Marina Mercante, cuerpos que han ejecutado 1.102 inspecciones en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos en España.

Pese a que la operación sigue abierta y oficialmente no se ofrecen detalles, Huelva Información ha podido saber que estas ocho personas investigadas son las que han prestado declaración a principios de este mes ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Ayamonte, Francisco Javier Parra. Se trata de cuatro responsables de Giahsa y de otros cuatro de la Junta de Andalucía, si bien de estas testificales nada ha trascendido por el momento.

El juez las relaciona, a tenor de lo que se desprende de los informes del Seprona, con la causa que mantiene abierta por el vertido de aguas residuales y fecales que se viene realizando durante años en el paraje natural protegido Marismas de Isla Cristina, procedente de la barriada de Pozo del Camino.

Fue un vecino de la zona quien dio la voz de alarma en octubre del año pasado, fecha en la que se presentó en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva para poner en conocimiento del Seprona lo que consideraba un agravio: un efluvio de aguas residuales cruzaba la finca de la que es propietario, lo que le ocasionaba daños a su terreno.

Los investigados vinculados a esta macrooperación internacional son dos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, cuatro responsables de Giahsa, uno del Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional y un último investigado del Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico. No obstante, por el momento no se ha desvelado la identidad de estas personas.

Los informes remitidos a la autoridad judicial por el Seprona y por el Instituto Nacional de Toxicología han sido la clave para que el juez determine la imputación de estas personas en el caso. Parra considera que existen indicios de que la entrada de aguas residuales urbanas se habría estado realizando “sin ningún tipo de depuración y de forma continuada, provocando un importante daño a la calidad de las aguas y un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales del paraje natural Marismas de Isla Cristina”.

Según ha podido saber este diario, con la instrucción se persigue un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, correspondiente al artículo 325 del Código Penal (el inicialmente aplicable en este caso), que contempla penas que fluctúan entre los dos y los cinco años de prisión, multas de entro ocho y 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio por tiempo de uno a tres años para los que cometan un delito ecológico de esta envergadura.

Por estos hechos acontecidos en Isla Cristina, así como otros de similar naturaleza ocurridos en otros 17 municipios de la geografía nacional, España ha sido condenada este verano por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pagar una multa de 12 millones de euros, así como a abonar otros 11 millones de euros adicionales por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las actuaciones de tratamiento y vertido de aguas residuales en los términos del mandato de la sentencia.

De la Marina Mercante al Frontex en el dispositivo

La operación 30 días en el mar no solo ha permitido destapar un número significativo de actuaciones irregulares que han sido puestas en conocimiento de las autoridades, sino que además ha puesto de manifiesto la diversidad de tipos de vertidos contaminantes que van a parar al mar desde sectores muy dispares, fundamentalmente las aguas residuales urbanas, los ríos que vierten al mar, las actividades agrícolas, la actividad industrial y el tráfico marítimo.

En la operación han participado efectivos del Seprona, Unidades del Servicio Fiscal, del Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, quienes han apoyado en las tareas de identificación de los vertidos y de los focos emisores de los mismos, así como en la extracción de muestras de aquellos vertidos observados. Por otro lado, se ha contado con la colaboración de Frontex para la detección de varios vertidos y con la Dirección General de la Marina Mercante para inspecciones en buques.