La situación del acuífero de Doñana, el proyecto de gasoducto en este espacio protegido y la gestión del vertedero de Nerva centran las quejas medioambientales admitidas en el pasado año que tienen relación con la provincia de Huelva, según el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2017.

Acerca de los dos primeros asuntos, dentro de la queja 16/5654, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, pide una evaluación de los riesgos sobre Doñana, tras conocer un informe del CSIC. Así, de acuerdo con esta queja, en el informe del Defensor se destaca que en la actualidad los posibles riesgos más importantes se centran en la situación del acuífero de Doñana y en el proyecto de gasoducto que se está llevando a cabo por Gas Natural y cuyo trazado, en gran medida, discurre por el Parque Natural de Doñana y su entorno, muy próximo a los límites del Parque Nacional de Doñana.

Preocupa la situación del acuífero por el descenso de las aguas subterráneas

Sobre la situación del acuífero, el informe advierte -tras la información enviada por el CSIC-, de la situación de descenso prolongado de las aguas subterráneas del espacio de Doñana desde hace décadas, además del "paulatino proceso de desecación de las lagunas". Esta situación, según se desprende en el informe, no puede ser debida a variaciones en la pluviosidad, siendo su origen "la extracción intensiva de aguas subterráneas para usos agrícolas y turísticos". El informe propone, en este sentido, mantener una reunión con la Dirección de la Estación Biológica de Doñana y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para evaluar la situación del acuífero y tomar medidas para su protección. Y, posteriormente, con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, así como con los ayuntamientos de la zona.

Respecto al gasoducto, el informe explica que en el proceso de tramitación de la queja se ha podido comprobar que las declaraciones de impacto ambiental ignoraron "los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar". Ante las insuficientes garantías del proyecto, Maeztu, en línea con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, mantiene la necesidad de realizar "un completo análisis de las afecciones acumuladas y sinérgicas que podrían producirse sobre los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitats", derivadas de los proyectos realizados de manera independiente. Finalmente, Maeztu concluye "que se debe proceder a la suspensión definitiva del proyecto de gaseoducto de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental".

Por último, en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2017 aparece la queja 16/4386, promovida por el grupo de IU del Ayuntamiento de Nerva, en relación a la situación y gestión del vertedero de esta localidad.

Maeztu sugiere, entre otras medidas, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía informe "sobre el volumen y toneladas actualmente depositadas en el vertedero y las previsiones que existan respecto de su futuro". Además, le recuerda el deber de convocar la Comisión de Seguimiento del Depósito de Seguridad. En este sentido, le invita a hacerlo con carácter urgente, para analizar la situación del vertedero nervense y las posibles actuaciones a realizar dentro de las competencias municipales.