La sentencia del expolio del yacimiento Seminario-La Orden ocurrido en enero de 2016 y denunciado en las páginas de Huelva Información, ha sido acogida, por un lado, como necesaria para concienciar sobre el patrimonio histórico, aunque se constata una disparidad de criterio en cuanto a la valoración económica de los daños. Mientras el estudio presentado por la Universidad de Huelva ante la Delegación de Cultura ascendía a más de 800.000 euros, la valoración que presenta la Junta de Andalucía y por la que se dicta una sentencia de conformidad entre las partes, es unas diez veces menor.

En la sentencia se recoge que “los daños causados al patrimonio histórico onubense según último informe pericial aportado por la Junta de Andalucía en diciembre 2020 ascienden a un total de 95.893,50 euros”. Lo desglosa en la Parcela 8.1 la valoración del daño causado en 82.893,50 euros, mientras que la actividad preventiva posterior del movimiento de tierras lo valora en 3.000 euros. En la parcela 8.2, 8.3 y 8.4 la actividad preventiva posterior del movimiento de tierra se valora en 10.000 euros.

Juan Campos señala que las sentencias tienen “que ser ejemplares y justas, más que ejemplarizantes” aunque recuerda la dictada por los daños causados en el desbroce realizado en el castillo de Gibraleón, por el destrozo al patrimonio histórico. En aquella ocasión Juan Campos realizó el informe de los daños y recuerda que “la sentencia fue muy gorda”.

En la del expolio del yacimiento Seminario-La Orden dice que no sabe si es una sentencia suave, señala que en este caso “no habían estructuras externas y la valoración se realizó atendiendo a lo que apareció en el entorno, es complicado”. Apunta que la tasación realizada por la Universidad de Huelva “era alta y pasaba de los 800.000 euros, incluyendo posible actuaciones”.

Comparándola con la indemnización con la que tienen que satisfacer a la Junta de 95.893,50 euros, Juan Campos señala que “desconozco el lucro que hayan podido sacar con la extracción de tierras”.

“Hay una cuestión que preocupa -dice- y es que si en estos casos puedan compensar una actuación ilegal de estas características. Desconozco si la cuantía de la indemnización impuesta es superior al beneficio obtenido”. Valora que haya sentencias sobre la destrucción del patrimonio, las considera “necesarias por el efecto disuasorio que tiene”.

Considera, además, que una de las cosas importante es el hecho de la concienciación ciudadana que surgió tras el expolio del yacimiento, incluso en la Administración. “Resultó determinante para poner en marcha el Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. que tiene en estos momentosla Universidad de Huelva y que por la pandemia está paralizado, lo que ahora esperamos retomar el pulso”.

En cuanto a la zona del yacimiento del Seminario-La Orden, Juan Campos destaca que “a raíz del expolio se ha conseguido el cerramiento de las parcelas, la retirada de carteles y del mercadillo”, aunque ahora “duerme el sueño de los justos, porque Huelva es toda una zona de interés arqueológico y la investigación se realiza a ritmo de las obras”.

El arqueólogo Diego González Batanero, que fue quien realizó la denuncia por el expolio de este yacimiento, dice que respeta la decisión del juez en su sentencia, que “la dicta con la documentación que le presentan”.

Califica de “sorprendente y muy significativo”, que dos hechos “son valorados con distinta vara de medir por la Administración”. Así se refiere a otra condena anterior por el expolio realizado por extración de tierra en la zona del mercadillo, “donde por una superficie de 200 metros cuadrados, en base a un informe de la Administración, la se les condena a 216.000 euros de indemnización”. Mientras, dice que “la misma Junta de Andalucía al valorar iguales hechos de destrucción del patrimonio ocasionado por una gran empresa de una superficie mayor de unos 12.000 metros cuadrados los perita en 96.000 euros; esa distinta vara de medir es sorprendente y significativa”.

González Batanero no critica la decisión de los jueces, “que han hecho lo que solicitaban en el informe la misma Administración”. Sin embargo alerta el arqueólogo que “los firmantes de una valoración deben ser conscientes de la repercusión que tiene sobre el patrimonio”. Entiende que “puede estar diciendo que es más barato destruir que investigar y conservar, que es lo que debe primar y si lo hace la Administración es más grave”.

En este sentido, pone como ejemplo el cabezo de la Joya, “con otros 12.000 metros cuadrados, los mismos por los que se han indemnizado con 96.000 euros”.

“¿Qué estamos trasladando a la ciudadanía desde la administración, que es más barato destruir?”, se pregunta.

El arqueólogo Diego González Batanero lamenta no haber escuchado ninguna manifestación al respecto de movimientos ciudadanos surgido al amparo del expolio. “Me gustaría saber -dice- la opinión de los movimientos sociales que surgieron a partir de la denuncia que se hizo del tema que ahora se sentencia; no ha habido ningún posicionamiento, venos algunos grupos por los cabezos, pero no han hecho ninguna muestra pública de nada sobre este juicio y la sentencia ahora conocida”.