Unos 8.000 alumnos pueden ver hoy afectada su jornada en su guardería o centro del primer ciclo de la Educación Infantil a causa de la convocatoria de huelga realizada por CCOO para hoy y mañana. Es la primera de estas características que afecta al primer nivel educativo. La razón se encuentra en el rechazo de este sindicato y de la práctica totalidad del colectivo al decreto que la Junta de Andalucía quiere sacar adelante para el curso 2017/18 y que consideran lesivo para los intereses tanto de los trabajadores como de las familias.

La responsable de CCOO, Marina Vega, informó de que la convocatoria se realiza para 170 centros de toda la provincia. En éstos están incluidos todos los conveniados, es decir, tanto de titularidad privada como municipal. Sólo quedan excluidos los de la Junta de Andalucía, que son la minoría.

Sólo quedan excluidos de la convocatoria los centros que pertenecen a la Junta

Para Comisiones Obreras, único sindicato convocante, "la publicación del Decreto-Ley de Educación Infantil y el cierre a la negociación por parte de la Consejería de Educación, supondrá para miles de trabajadoras una mayor precarización de sus condiciones laborales". Para este sindicato, el problema del citado Decreto-Ley radica en que su implantación puede conllevar la destrucción de empleo y el empeoramiento de las ya deficientes condiciones laborales de un sector feminizado en el 95%.

La consecuencia directa del Decreto-Ley será sacar las plazas a concurrencia competitiva, con rebajas de hasta el 15% sobre un coste por plaza que ya estaba en entredicho. Además, establece de forma tácita el llamado cheque escolar, que fomenta la mercantilización de esta etapa educativa. Ello conllevará, según CCOO, dificultades para las empresas más cumplidoras laboralmente y con plantillas más estables, pues se exigirá un esfuerzo aún mayor a su personal para poder competir y mantener las mismas condiciones, facilitando un trasvase de alumnado que pondrá en peligro los empleos y su estabilidad, al generalizar una situación de competencia desleal entre los centros y sus trabajadoras.

Según el sindicato, las trabajadoras de este sector hasta ahora aspiraban a mejorar sus duras condiciones laborales tras años de congelación salarial -una educadora cobra 837 euros brutos por un mínimo de 38 horas semanales de trabajo-, pero el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno andaluz ha supuesto "un golpe bajo a sus expectativas, pues viene a facilitar situaciones laborales incluso por debajo de convenio".

El colectivo ya protagonizó en marzo una jornada de paro. En aquel entonces sí se sumaron UGT y FSIE. En esta ocasión, la convocatoria sigue contando con la comprensión de las distintas organizaciones patronales -es un sector muy atomizado-, que se sienten también muy perjudicadas por el nuevo Decreto-Ley.

Entre los puntos perjudiciales que a juicio de los empresarios tiene la nueva normativa, se encuentra que en casos de necesidad sobrevenida (depresión, divorcio, fallecimiento de los abuelos que cuidan de los pequeños...) verán dificultada su escolarización con el acceso a ayudas, ya que éstas dependerán de la existencia que en cada momento pueda haber de recursos presupuestarios. Esto para el sector provocará que "miles de niños no puedan ir a la escuela porque sus familias no podrán hacer frente a su coste".

El decreto además saca a subasta a la baja el precio por plaza, con la pretensión de crear una competitividad entre los centros que repercutirá en la calidad del servicio y en la pérdida de puestos de trabajo.