El funcionariado de Justicia de los juzgados de Huelva ha salido a la calle de nuevo este miércoles para reclamar una subida salarial digna que reconozca el desempeño de las competencias que han venido asumiendo en los últimos años. 

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras han tomado la alameda Sundheim desde el Palacio de Justicia junto a sus representantes sindicales -principalmente CSIF, UGT, CCOO y STAJ- para recordar al Gobierno central que es su deber sentarse a dialogar con su funcionariado, reconocer sus derechos y obrar en consecuencia. En este sentido, el sindicato CSIF, que ha calificado la marcha de "éxito rotundo", ha pedido al Ejecutivo "que no se escude en la convocatoria de elecciones generales" para dejar de lado las negociaciones con los más de 500 funcionarios que trabajan en la provincia de Huelva. 

A este respecto, la responsable sindical de CSIF, Mari Paz de la Cruz, ha recordado que se trata de una huelga que afecta al 93% del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Huelva. La paralización de su actividad, que comenzó el pasado 22 de mayo de forma indefinida, ha provocado unas 20.000 actuaciones judiciales suspendidas y aplazadas, además de 8.000 demandas sin registrar, según datos del comité de huelga.

Un acuerdo consensuado

Según los representantes de los trabajadores, "el Gobierno actual sigue en pleno ejercicio de sus funciones y tiene la capacidad legal para negociar con las organizaciones sindicales y resolver el conflicto, pese a que en julio haya elecciones ya que existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de elecciones como los ocurridos en 2008 y 2018". 

Desde CC.OO piden al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad hacia los empleados públicos de Justicia y la ciudadanía española" y exigen al presidente del Gobierno que "intervenga en el conflicto y obligue a sus ministras a negociar y buscar un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida" y solicitan una reunión con un calendario de negociación para encontrar una solución acordada que satisfaga a ambas partes.

Los funcionarios de Justicia comenzaron las protesta el pasado mes de abril, para reclamar, entre otras cosas, subida salarial acordes con las funciones que desarrollan, así como la paralización de la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa, (LOEO) que "el Ministerio de Justicia quiere imponer sin negociar poniendo en riesgo los puestos de trabajo, destinos, movilidad voluntaria retribuciones especiales y funciones concreta"