La crisis está pulverizando lo que hace cinco años se levantó como cuarto pilar del Estado de Bienestar, la llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y a las Familias. Los sindicatos y los trabajadores del sector vienen movilizándose contra los impagos de la Administración autonómica para la implementación de esta normativa y, en lo que atañe a los usuarios, sólo en la capital hay actualmente 267 onubenses afectados por el atasco de la Ley.

Personas que ya cuentan con su Plan Individual de Atención (PIA) pero que siguen a la espera de empezar a recibir las prestaciones que le corresponden. Así lo confirmaron ayer desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, denunciando que "respecto a la Ley de Dependencia existe una absoluta parálisis, falta de información y graves problemas de transferencias y financiación de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento".

Desde el departamento que dirige la teniente de alcalde Pilar Miranda señalan que en lo que va de año "no se ha puesto en marcha ni un solo caso nuevo de ayuda a domicilio. Es más, ni siquiera los llamados casos de reposición, es decir, que tampoco se están cubriendo las bajas".

En la ciudad de Huelva hay más de 1.500 onubenses que se benefician de este servicio. Entre fallecimientos e ingresos en residencias de mayores, para 2013 ha habido 36 bajas que no están dando lugar a la incorporación de nuevos usuarios, mientras crece la lista de espera de dependientes que tienen reconocido el derecho y aún no perciben ayuda.

En los cinco años que lleva en vigor la normativa, han sido 11.085 las solicitudes de adhesión que el Consistorio onubense ha informado, asesorado y gestionado, "lo que ha supuesto un extraordinario esfuerzo no sólo económico -señalan-, sino especialmente laboral, que se ha podido desarrollar gracias al buen hacer y profesionalidad de los trabajadores municipales". El 20% de las solicitudes remitidas a la Administración andaluza están a la espera de respuesta.

Como recuerdan desde el Ayuntamiento, el procedimiento de solicitud de la Ley de Dependencia se inició el 23 de abril de 2007, sin embargo, las primeras resoluciones de valoración no se recibieron en el Ayuntamiento de Huelva hasta el 20 de septiembre de ese año. Por indicaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Huelva, distribuidos en seis Zonas de Trabajo Social -Centro, Cristina Pinedo, El Torrejón, La Orden, Lazareto y Marismas del Odiel-, asumieron las labores de información, asesoramiento y tramitación del procedimiento de Solicitud de Valoración ante la Junta de Andalucía.

Los servicios y ayudas, es decir, las distintas prestaciones derivadas de esta Ley, se refieren a prestaciones económicas, mayoritariamente la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación especialmente vinculada a situaciones calificadas de Gran Dependencia; el Servicio de Atención Residencial; la Unidad de Estancia Diurna; y el Servicio de Ayuda a Domicilio. Esta última prestación es la única que gestiona directamente el Consistorio, financiada mediante transferencias por la Junta de Andalucía.

Hasta junio de 2012, las transferencias del Gobierno andaluz al Ayuntamiento onubense para el cumplimiento de la Ley de Dependencia se transferían antes de que comenzara el semestre. Cambiando esta dinámica, desde el año pasado se ha generado una deuda con los Servicios Sociales del Consistorio que supera los 3,5 millones de euros.

En concreto, como ya denunció Miranda en el Pleno municipal, del segundo semestre de 2012, sólo respecto a la Ley de Dependencia, la Junta adeuda al Ayuntamiento 2.400.893,30 euros. Del primer semestre de 2013, "el problema es aún peor, porque la Junta de Andalucía todavía no ha notificado la cantidad que piensa transferir. Tan sólo han anunciado un adelanto de 1.187.037,29 euros, que tampoco han abonado".

Este débito está provocando principalmente dificultades de pago al Ayuntamiento respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, "creándose una situación insostenible para la empresa que presta el servicio, con repercusiones en los trabajadores".

El contrato que tiene firmado para este año el Consistorio con la entidad Sarquavitae -asumiendo en 2013 un recorte del 8,43%-, conlleva un desembolso de 7,1 millones de euros, de los que el Gobierno andaluz debe aportar, en virtud de dicha Ley, un total de 4,7 millones (el 66,19%) y la Administración local los 2,4 restantes (33,8%).