Huelva

¿Qué hacéis por nosotros en Madrid?

  • En 2017 los diputados y senadores socialistas por Huelva bombardearon con iniciativas parlamentarias sobre la provincia

  • El PP tuvo una actividad prácticamente nula

  • Podemos pasó por el Congreso sin pena ni gloria

Los 350 diputados del Congreso son elegidos por circunscripciones provinciales. Cada una de ellas tiene asignado un número de diputados en función de la población y, en el caso de Huelva, son cinco (dos del PP, dos del PSOE y una representante de Podemos) los congresistas llamados a defender los intereses de los onubenses en la Cámara Baja, mientras que en el Senado la provincia cuenta con cuatro representantes (dos del PSOE y uno del PP).

No es obligatorio que se dediquen en exclusiva a los ciudadanos que los han elegido, pero se supone que algo de ello les va en el sueldo, ya que están allí por ellos. Sin embargo, el examen de las iniciativas parlamentarias que llevaron a cabo en 2017 los cinco diputados y los cuatro senadores por Huelva evidencia una enorme diferencia entre el trabajo realizado desde las filas del PSOE, por un lado, y el efectuado desde el PP (y desde Podemos en el caso del Congreso), por otro.

Los diputados

Basta consultar la web del Congreso, en la que se recogen las iniciativas realizadas durante el periodo legislativo, para comprobar que los socialistas fueron los más activos durante el pasado año. No obstante, es difícil discernir de forma individual quién se dedica más a los temas choqueros por dos motivos: primero, porque suelen presentar sus iniciativas conjuntamente y segundo, porque en algunos casos el número es engañoso.

Josefa Bayofue la diputada más activa, seguida por su compañero JoséJuan Díaz Trillo. La primera presentó el pasado año 592 iniciativas parlamentarias y el segundo 243, si bien en ambos casos el número de asuntos relacionados con Huelva se situó por encima del centenar, la mayor parte de ellos centrados en las infraestructuras.

La conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla por Alta Velocidad motivó la mayor parte de ellas, seguido por el proyecto CEUS, la variante Beas-Trigueros, la Presa de Alcolea, el estado del litoral, la Huelva-Zafra, los fosfoyesos o el Chare de Lepe. La última pregunta oral del año fue sobre las obras de modernización de la Huelva-Zafra y la primera de 2017 se refirió a las obras de la nueva estación de ferrocarriles. El sector agrario, el empleo, los ingresos en el hogar, las becas universitarias, las pensiones, los jóvenes emancipados y los que residen en la vivienda familiar también fueron asuntos por los que se interesaron.

Ambos presentaron buena parte de sus iniciativas conjuntamente y, además, en el caso de Bayo, en gran medida las preguntas escritas sobre otros asuntos más generales podrían englobarse en un solo apartado de no ser porque se refieren, con el mismo enunciado, a distintas provincias o comunidades y por eso figuran como preguntas individuales.

Así, por ejemplo, hay prácticamente medio centenar de preguntas sobre las personas trabajadoras que han compatibilizado el salario con el cobro de su pensión de jubilación, otro medio centenar relativas a los accidentes laborales en centros penitenciarios de 2011 a 2016, otro medio sobre la adaptación de las condiciones laborales de las trabajadoras por estado de gestación en los centros penitenciarios y CIS, otro puñado sobre la prescripción de medicamentos psicotrópicos por los servicios sanitarios en los centros penitenciarios o las actuaciones de la Agencia de Información y Control Alimentario.

Aunque se parte de la premisa de que no todos los diputados ejercieron la labor de control al Gobierno de la misma forma ni con la misma intensidad -porque los populares son los encargados de respaldar al Ejecutivo mientras que los socialistas y la diputada de Podemos hacen la oposición-, no deja de resultar llamativo que las iniciativas de los diputados populares durante 2017 sumaran una.

En concreto, el 23 de noviembre Carmelo Romero preguntó al Gobierno por el número de vehículos eléctricos e híbridos matriculados en la provincia entre 2004 y 2017. Y hasta aquí llegan las iniciativas -o mejor dicho, la iniciativa- de su señoría. Más centrado en su tarea como regidor palermo, parece que el popular no se estresó mucho en Madrid. No choca, por contra, que la diputada popular por Huelva, Fátima Báñez, no presentara una sola iniciativa, toda vez que es la ministra de Empleo y Seguridad y evidentemente no se va a preguntar a ella misma o a su Gobierno.

Sí que llama la atención la escasa participación de la diputada de Podemos. Isabel Franco protagonizó un hecho histórico, al ser la primera vez en la democracia en la que una representante que no es ni del PSOE ni del PP accedía al Parlamento español por la provincia de Huelva. Sin embargo, esta histórica ruptura del bipartidismo gracias al escaño logrado por Podemos en el 20-D, no ha tenido su reflejo en la defensa de los intereses de los onubenses que se esperaba. Al menos no en 2017.

Porque, según la web del Congreso, Franco sólo protagonizó 14 iniciativas: 12 preguntas escritas, un solicitud de informe y una pregunta oral el 7 de diciembre de 2017 referida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre "a quiénes va dirigida la tarjeta social que ha anunciado que su Ministerio implementará el próximo año".

De la decena de preguntas escritas registrada por la diputada, que tampoco se dejó ver en ruedas de prensa en la capital onubense durante el pasado año (hay quien no le pone ni cara), siete se refirieron a Huelva: tres sobre las obras de la Alta Velocidad de la línea Huelva-Sevilla, otras tres sobre el incendio de las Peñuelas (una de ellas relativa a cómo afectó al programa en cautividad del lince ibérico) y otra sobre la Huelva-Zafra. En cuanto a su solicitud de informe, se dirigió al Ministerio de Energía para pedir información sobre documentación del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana y su entorno.

Los senadores

Si nos centramos en las iniciativas de los senadores, todos ellos las presentaron en grupo. Las preguntas escritas de los tres socialistas, Amaro Huelva, Ana María Pérez y Manuel Guerra sumaron exactamente 239, de las que en torno a 120 fueron relativas a Huelva. Frente a ello, la única senadora popular, que es la secretaria general del PP andaluz, Loles López, planteó (también en grupo) un total de 35 preguntas escritas. La dinámica parece opuesta a la del PSOE y, aunque parece lógico que no quiera meter el dedo en el ojo al Gobierno al que sustenta, llama la atención que ni una sola pregunta de la popular fuese relativa de un modo concreto a la provincia por la que fue elegida.

Por contra, los socialistas preguntaron por las incidencias en los trenes de media distancia Huelva-Sevilla entre el 20 de diciembre de 2016 hasta septiembre de 2017. También por las del Alvia y por las medidas previstas para acabar con los "continuos retrasos". En el último de los casos, pudimos conocer que las incidencias imputables a Renfe y que ocasionaron retrasos superiores a 15 minutos en los servicios fueron 28; mientras que en el primero de los casos, de enero a septiembre de 2017 fueron 25 las incidencias registradas. En materia de infraestructuras de comunicación, también les preocupó a los senadores socialistas la situación administrativa de la Declaración de Impacto Ambiental de la Alta Velocidad Huelva-Sevilla, así como las obras de la variante Beas-Trigueros.

La ocupación, plantilla y el cese temporal del parador de Ayamonte, así como la situación del de Mazagón, también centraron algunas cuestiones, así como la situación de la plantilla de Correos, las actuaciones del Gobierno para que Fertiberia restaure las balsas de fosfoyesos, la cuantía para igualdad de 2016 o el problema de las autoescuelas. De entre la variedad de preguntas, destaca una extensa batería registrada el 1 de marzo (casi 50 preguntas del total atañen a Huelva) sobre el índice de esclarecimiento de distintos tipos de delitos en 2016 por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como el número de agentes, comisarías y cuarteles de nueva construcción o reforma con cargo a los presupuestos de 2016.

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