Huelva

El equipo de gobierno dice que la sentencia que anula la adjudicación de la ORA prueba la "nefasta" gestión del PP

  • Villadeamigo exige explicaciones al grupo municipal popular ante las "irregularidades extremadamente graves" advertidas por el TSJA en este contrato adjudicado en 2013 

María Villademigo y Manuel Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Ayuntamiento de la capital. María Villademigo y Manuel Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Ayuntamiento de la capital.

María Villademigo y Manuel Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Ayuntamiento de la capital. / Alberto Domínguez (Huelva)

Un hecho "extremadamente grave" para el Ayuntamiento y que "pone en duda la imparcialidad y la independencia" del anterior equipo de gobierno en la gestión municipal. Así calificó hoy la segunda teniente de alcalde de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara nula laadjudicación, en el año 2013, del contrato municipal de gestión y explotación de la Zona de Ordenación Regulada de Aparcamientos (ORA) y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública a la empresa Dornier S.A.

Tal y como publica hoy Huelva Información, el Alto Tribunal andaluz ha ordenado al Consistorio capitalino iniciar un nuevo procedimiento de licitación que respete las garantías legales y los principios de igualdad y transparencia que, según la sentencia, fueron vulnerados en el proceso llevado a cabo por el Consistorio hace cuatro años. 

El contrato se formalizó el 22 de octubre de 2013, tan sólo ocho días después de la notificación de la adjudicación a Dornier, que era la anterior concesionaria. Pero la empresa Estacionamientos Iberpark S.A, que quedó en segundo puesto, interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de septiembre de 2013 de adjudicación del contrato. Reclamaba la nulidad al advertir supuestas irregularidades.

Ahora, una vez conocida la sentencia del TSJA, Villadeamigo valoró que es "gravísimo para el Ayuntamiento y para los ciudadanos que un contrato de tanta importancia y alto coste económico ponga en evidencia la actitud y forma de trabajar por parte de los regidores municipales anteriores, con clara intención de favorecer o de generar desigualdad entre los licitadores". 

A juicio del equipo de gobierno local, queda claro que la gestión fue "nefasta", toda vez que "la lista de irregularidades ha sido enorme" y "se han saltado todos los procedimientos de licitación", algo que en su día, según aseguró la edil, ya denunció el PSOE como grupo municipal en la oposición

La concejala calificó como "escandaloso" que la adjudicación, además, se hiciera por 20 años", de modo que el PP "pretendía hipotecar el futuro de los onubenses", así como que no se respetara el plazo de 15 días que tenían las empresas para presentar recursos, ya que "se adjudicó rápidamente". Se hizo, en sus palabras, "a sabiendas" y "queriendo". "Nos querían dejar un regalito más. Como siempre digo, el pasado del PP es nuestro presente, valoró Villadeamigo, quien pidió explicaciones al PP. 

La teniente de alcalde se remitió al contenido de la sentencia del TSJA para apuntar a “una cadena de irregularidades” detectadas en dicho procedimiento, como la omisión de informes preceptivos cuyo contenido es determinante para la resolución; el incumplimiento de las prescripciones legales de la Ley de Contratos; error de la Administración en la modalidad de la contratación; o adjudicación del contrato obviando el informe de fiscalización, con causa que excluía del procedimiento de adjudicación a Dornier.

Asimismo, "se emitió el informe económico de valoración por un órgano manifiestamente incompetente en razón de la materia, como es el entonces jefe de la Policía Local; se alteraron los criterios de adjudicación y se omitieron en el expediente documentos como la memoria económica".

Contra esta sentencia del TSJA cabe recurso de casación ante el Supremo. Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, avanzó que el Ayuntamiento, "por coherencia", no recurrirá. Está por conocerse la decisión de Dornier, para lo que cuenta con un plazo de 30 días. 

Gómez puntualizó que si la empresa decide interponer un recurso de casación, se determinará la suspensión de la ejecución y efectos de la sentencia. De este modo, todo quedaría como hasta ahora: estaría vigente el contrato. Y si Dornier no recurre, se esperará a que la sentencia sea firme, para lo que el TSJA emitirá una resolución o auto. Una vez que se reciba el mismo, el Ayuntamiento adoptaría las medidas administrativas oportunas de nulidad del expediente.    

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