Los representantes de Acaip, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de la prisión de Huelva, denunciaron las malas condiciones en las que se ven obligados a hacer su trabajo, derivadas de la falta de personal para llevarlas a cabo y de la gestión del colectivo por parte del director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; al mismo tiempo recordaron su petición de desvincularse del Ministerio del Interior y regresar a depender del de Justicia, "para cumplir la labor constitucional de reinserción de los internos".

El presidente nacional del sindicato, José Luis Pascual, apuntó directamente al "10%, es decir, unos 40 funcionarios", como la carencia de personal en la prisión de Huelva, aunque quiso matizar que "no es el peor caso de Andalucía, aunque mucho nos tememos que el deterioro que sufrifrá en un plazo breve de tiempo, será mucho más acusado una vez aprobado el concurso de traslados y con el envejecimiento de la plantilla actual, lo que incrementará el número de vacantes que no se cubrirán".

De la misma opinión es José Juan Serrano, delegado provincial de Acaip, quien protestó porque "en los últimos años, ni tan siquiera se han cubierto las jubilaciones y las vacantes siguen un incremento constante, algo que aumentará conforme se produzca la apertura de centros penitenciarios que hasta el momento no han sido capaces de abrir, debido a la misma falta de personal". Serrano señaló la poca implicación de la dirección del centro onubense, ya que "aunque es cierto que hemos mantenido encuentros y reuniones, éstas han sido muy poco productivas, ya que no hay compromiso alguno para reconducir esta situación".

El responsable sindical en Huelva, quiso señalar tambien dos situaciones que "inciden directamente en las condiciones de trabajo de los funcionarios. La primera de ellas es en el incumplimiento manifiesto por parte de la dirección de dar a conocer los antecedentes peligrosos de los internos con los que trabaja cada funcionario; es una orden directa de Instituciones Penitenciarias que no se lleva a efecto; esto es grave, ya que no conocemos el historial de cada uno de los presos, si se ha peleado antes con algún compañero o ha agredido a un funcionario, ni tan siquiera si ha emprendido alguna acción legal disciplinaria contra alguno de nosotros". También quiso poner de manifiesto la peligrosidad ya denunciada con anterioridad tras "haber suprimido el reparto de la medicación para los internos que la precisan los fines de semana; creemos que se trata de una medida que se puede corregir y que evitaría situaciones de sobredosis y del tráfico de las mismas, ya que los viernes se les facilita la que precisan hasta el lunes; creremos que no supondría ningún coste que la prisión no podría permitirse, por lo que insistiremos hasta que se implante".

La medida de protesta comenzó con la petición de renuncia al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a quien el presidente nacional del sindicato acusó de "dejadez e indecencia en el desarrollo de sus funciones", algo en lo que implicó hasta al ministro del Interior, por lo que solicitó "la vuelta a Justicia, como el gestor de todos los temas relativos a la gestión de las Instituciones Penitenciarias, ya que la situación que se vive en las prisiones es "auténticamente caótica y penosa".