Huelva

El fiscal pide 2 años de prisión por reclamar fotos sexuales a una niña

  • El acusado contacta con la cría de 11 años por Instagram pero su madre se percata y lo denuncia

Un agente de la Guardia Civil experto en delitos telemáticos analiza un dispositivo. Un agente de la Guardia Civil experto en delitos telemáticos analiza un dispositivo.

Un agente de la Guardia Civil experto en delitos telemáticos analiza un dispositivo. / h. información

La Fiscalía de Huelva ha solicitado que se imponga una pena de dos años de prisión para un hombre de 22 años al que acusa de pedir fotografías subidas de tono a una niña de solo once años con la que contactó a través de una red social. Le atribuye, como consta en el escrito de acusación al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, la comisión de un delito de contacto sexual telemático con una menor de dieciséis años para la elaboración de pornografía infantil.

Según se relata en el documento del Ministerio Fiscal -por el que se interesa la apertura del juicio oral- el acusado "contactó y mantuvo varias conversaciones con la víctima a través de la aplicación móvil Instagram". Lo hizo entre los días 28 de febrero y 11 de marzo de 2016.

En estas conversaciones y, pese a "conocer que la víctima únicamente contaba con once años de edad, le dirigió piropos y halagos sobre su físico con un marcado carácter sexual". Para más inri, le pidió que le mandase instantáneas propias, unas "en bikini y otras sin ropa".

Afortunadamente, el acusado por estos hechos no consiguió su propósito. La madre de la chiquilla se percató de todo lo que estaba sucediendo, lo que reprochó al acusado. Inmediatamente puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que se hizo cargo de un asunto que acabó investigando el Juzgado de Instrucción 2 de Valverde del Camino.

El Ministerio Fiscal pide para este individuo, además de los dos años de privación de libertad con la accesoria de inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la medida de libertad vigilada de tres años posterior a la pena de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por un tiempo de siete años.

El fiscal delegado de Criminalidad Informática de Huelva, Alberto Campomanes (quien además es fiscal de la jurisdicción de Menores), indica sobre este asunto a Huelva Información que "debe insistirse en la obligación de los padres de supervisar el uso que los menores hacen de las redes sociales", ya que hay que evidenciar que "el peligro puede aparecer a pesar de un uso prudente de las mismas".

En el caso que nos ocupa, "la vigilancia de la madre pudo evitar males mayores", recalca Campomanes.

Cuando otros progenitores se vean en una situación similar, "se recomienda mantener intacto el dispositivo y ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo antes posible", ya que tanto Policía Nacional como Guardia Civil "cuentan con agentes formados y expertos para este tipo de casos".

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