Responsabilidad al Gobierno de la Junta de Andalucía es lo que ha pedido hoy Susana Rivas, responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, para que “garantice la sostenibilidad financiera de los centros de discapacidad”. Según ha apuntado, la viabilidad de estos servicios está en serio peligro desde el inicio de la pandemia, porque no se encuentran al día en cuanto a pagos y otras cuestiones.

A juicio de Susana Rivas, “es una grave irresponsabilidad” porque de estos centros dependen unos 700.000 andaluces y andaluzas (de los cuales, unos 40.000 onubenses) que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad debido a su situación especial de discapacidad, y necesitan una garantía y un compromiso firme que al día de hoy no saben si van a poder contar con ello.

La socialista ha considerado que esta falta de atención es “un maltrato a este colectivo”. Los representantes de estos centros vienen alertando de la subida de solo un 2,6 por ciento del coste de las plazas, lo que consideran “totalmente  insuficiente” para poder continuar con su actividad. Por este motivo se encuentra en riesgo el mantenimiento de estos servicios públicos para beneficio de este colectivo especialmente vulnerable.

El PSOE de Andalucía va a defender mañana en comisión una Proposición no de Ley (PNL) por la que se pide al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice la continuidad de estos centros atendiendo su situación económica debidamente para que puedan afrontar los gastos y las facturas. En este sentido, los socialistas han pedido públicamente al resto de grupos políticos con representación parlamentaria que “se posicionen a favor de las personas con discapacidad a través de nuestra iniciativa parlamentaria”.

La Junta, si se aprueba esta PNL, tendrá que abonar los pagos atrasados de facturas y servicios concertados y elaborar un plan urgente de ayudas para afrontar los costes reales del funcionamiento de los centros en pandemia, que, lógicamente, se han visto incrementados por todas las medidas que ha habido que aplicar y la adaptación de los mismos para cumplir con las nuevas normativas”, ha explicado Rivas.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía), ha rechazado recientemente esa subida de solo un 2,6 por ciento del coste de las plazas por considerarlo insuficiente para mantenerse y asegurar el sistema actual de los centros; y el PSOE se ha hecho eco de sus demandas en esta PNL que “esperamos se apruebe sin ningún impedimento”, ha terminado Susana Rivas.