Hay 'mociones selfies', de esas que buscan convencer a los ciudadanos a través de una antigua fórmula: se habla con los colectivos, se les sienta en los despachos de los grupos municipales, se redacta una moción a la carta y se les invita al Pleno. Siempre es bienvenido ese toque de emoción que este hecho otorga a la lectura del texto.

Y también hay mociones en lata, de esas que vienen de arriba, que son puramente ideológicas y trascienden el ámbito municipal sin derivar finalmente en iniciativa alguna. Son las 'mociones tipo', idénticas en cualquier ayuntamiento que se precie y que surgen de esa trillada costumbre que tienen los partidos a nivel autonómico y nacional de presentar propuestas (ofensiva institucional, lo llaman) en todos los municipios donde tienen representación para trasladar un debate que suele alimentar polémicas que en la mayor parte de las veces son estériles.

El resultado es la disputa ideológica que proviene de los partidos a nivel autonómico o nacional

Aparte de la cuestionada trascendencia política a nivel municipal que puedan tener esas iniciativas, el debate originado por las 'mociones tipo' evidencia, en algunas ocasiones, el exiguo argumentario del edil de turno en un asunto que muchas veces ni le interesa, ni le compete.

En el caso de la capital onubense, ningún partido se salva de la criba y, aunque es cierto que este tipo de iniciativas representan un porcentaje minúsculo (suele haber un par de ellas en cada sesión plenaria) sí que aportan ese toque de surrealismo que no falta en el tedioso maratón que suponen las largas horas de un debate que, desde que es retransmitido por la televisión local, se presta más al postureo.

Si nos atenemos a los tres años del mandato actual, ya en el primer Pleno celebrado con la nueva corporación -el 25 de noviembre de 2015- se desarrolló un intenso debate sobre el TTIP. Consultado en Google (seamos honestos), se trata del Transatlantic Trade and Investment Partnership. En cristiano, es el Acuerdo Comercial y de Inversiones entre la UE y EEUU, un tratado de libre comercio e inversiones que Europa Y Estados Unidos negocian desde junio de 2013.

La (podríamos llamarla) mesa redonda que hubo en el Salón de Plenos al hilo de este asunto la propició una propuesta conjunta del concejal de Participa, Jesús Amador, y del concejal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, integrantes del Grupo Mixto. Se trataba de que Huelva se declarase municipio contra este tratado. A juicio de los proponentes, el acuerdo se caracteriza por su falta de transparencia, reflejada "en su nula presencia como noticia en los medios y en la agenda social".

"Lo difícil de esta defensa no es que sea al final del Pleno, lo difícil es que la ciudadanía desconoce lo que está pasando con el TTIP. La ciudadanía desconoce cuál es el acuerdo que EEUU quiere establecer con Europa. Pero no sólo a la ciudadanía, parte de los que estamos aquí no somos muy conscientes", expuso Amador.

El caso es que en más de un centenar de municipios, a través de mociones de Podemos o de plataformas hermanas, las localidades se declararon oficialmente zonas libres del TTI. Pero en Huelva la propuesta fue rechazada. Votaron a favor los proponentes y los tres concejales de IU. Pero se opusieron el PSOE, el PP y se abstuvo Cs.

Sin querer poner en duda que no sea cierto el interés de este último grupo municipal en los enfermos celíacos de Huelva, el caso es que la moción llevada al Pleno del 24 de febrero de 2016 para mostrar su apoyo a estos pacientes es la misma a la presentada en numerosos consistorios del país, ya sea Santander o Villanueva del Ariscal. La iniciativa recibió, como era previsible, el respaldo unánime de los grupos.

También calcada a la defendida en otros municipios por el partido naranja fue la moción defendida defendió el 28 de diciembre de 2016 para la adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guarda y custodia compartida.

El Pleno, con los votos favor del PSOE, el PP, MRH, y el voto en contra de IU y Participa aprobó, entre otras cosas, cuestiones tan fuera de la competencia municipal como la de "instar al legislador a que modifique el Código Civil para que este recoja el ejercicio de la guarda y custodia compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que puedan producirse".

Pero del fenómeno de las mociones enlatadas no se libra ningún grupo. Así, el 31 de enero de este año el PP puso sobre la mesa una iniciativa sobre la prisión permanente revisable que no salió adelante al votar en contra el PSOE, IU, C's y Participa. Aquel debate dio para mucho.

Los populares querían que el Ayuntamiento apoyase esta figura, que se instase a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable y dar traslado al ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes, al Parlamento de Andalucía y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Pilar Miranda, la portavoz popular, argumentó que el tema es tan importante que "era bueno traerlo al Ayuntamiento de Huelva porque afecta a toda la sociedad". Pero el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, se preguntó sobre la idoneidad de que se aprobase una moción "para que luego llegue al Tribunal Constitucional y diga que la modificación que se hizo del Código Penal es inconstitucional".

"¿Cómo dejamos al Ayuntamiento de Huelva? Parece que nosotros somos más listos que el Tribunal Constitucional porque le decimos lo que tienen que hacer. El Ayuntamiento no pinta nada en esta historia", espetó.

Pero Miranda insistió en que el tema es "importantísimo" y "nos puede afectar a todos porque aquí, desgraciadamente, asesinaron a Mari Luz y a Ruth y a José, o sea que eso nos puede pasar a cualquiera". La reacción del alcalde, Gabriel Cruz, no se hizo esperar. Tildó de "morboso" el nombrar casos e instó a que, si se hace, no se olvide a Ana María Jerez Cano.

En todo caso, Miranda recordó a los socialistas que ellos mismos llevaron al Pleno recientemente una moción sobre Cataluña, en concreto de apoyo a los alcaldes catalanes, por lo que adujo que el PP "también tiene derecho" a plantear asuntos de calado nacional y que repercuten en los ciudadanos de Huelva.

Y así fue. Aquella moción fue defendida por el PSOE el 27 de septiembre de 2017. Ante el anuncio de que el 6 de septiembre el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente de la misma, Oriol Junqueras, firmaron una carta dirigida a los 948 alcaldes catalanes en la cual se les requería la cesión de locales municipales para la celebración del referéndum, los socialistas querían que el Ayuntamiento de Huelva manifestase su "total y rotundo apoyo" a los alcaldes cargos electos y empleados públicos que, en defensa de la Constitución Española y de la legalidad vigente, no participaban en la organización del referéndum catalán suspendido por resolución del Tribunal Constitucional.

"En este punto tenemos que pararnos un momento porque creo que precisamente la situación del país, concretamente de Cataluña, merece que por lo menos este Pleno tengamos un momento de reflexión y de preocupación sobre lo que está ocurriendo en Cataluña", planteó literalmente Manuel Gómez.

La propuesta, debatida en el punto 39 del orden del día, salió adelante con la abstención de IU -que consideró que la solución al problema no puede ser exclusivamente legal, sino que tiene que haber una solución política - y de Participa, cuyo portavoz preguntó si "es tan grave apoyar a quien quiere votar y cuando no se le ha dejado que ponga unas urnas".

Pero el PSOE, al igual que el resto de grupos, también tiene su haber más iniciativas en lata aparte de la mencionada. Como la que planteó al Pleno el 30 de marzo de 2016 con el objetivo de que el Ayuntamiento mostrase su disconformidad con el preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el Gobierno de la UE con Turquía respecto a la grave crisis de los refugiados. O como la abordada el 25 de mayo de aquel año, al objeto de que se rechazase la reforma de la política agraria común negociada por el Gobierno de España.

Mesa de la Ría también ha propiciado en diversas ocasiones debates que excedían los límites municipales. Así, el 28 de diciembre de 2016 pidió al Ayuntamiento que diera su apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. Y logró su objetivo por unanimidad.

Pero no tuvo la misma suerte el 30 de marzo de 2016 , cuando el Pleno rechazó la moción que presentó Gavilán para que se declarase persona 'non grata' a Mariano Rajoy. La iniciativa contó con los votos en contra del equipo de gobierno, del PP y de Ciudadanos, de manera que solo la respaldaron IU y Participa.

La solicitud se asentaba en la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a requerimiento de la Audiencia Nacional, de declarar "idóneo" el proyecto de Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos, el cual consiste en la cobertura de estos residuos con una capa vegetal y que tendría un tiempo de ejecución fijado en diez años y otros 30 de control.

Gavilán recordó que Rajoy nombró en abril de 2014 a Isabel García Tejerina, exdirectiva de Fertiberia, como ministra de Medio Ambiente, "nombramiento realizado precisamente en el momento en el que dicho Ministerio tenía que tomar la decisión sobre la restauración que Fertiberia debía llevar a cabo en la marisma de Huelva".

La oposición del PP fue esperada y palmaria. Así, el entonces portavoz, Ángel Sánchez, calificó la propuesta de "impresentable", "irresponsable", "alejada de todo respeto institucional y democrático" e "impropia de una ciudad como Huelva". A su juicio, "no se puede utilizar el nombre de Huelva para ofender a nadie".

Tampoco el PSOE se quedó atrás en su oposición a la propuesta. Así, durante una intervención extensa, Cruz incluso advirtió de que iba a incurrir en una pedantería: "Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre, aquí no hay nadie que sea la medida de nada. Representamos -en un ámbito político concreto, durante un tiempo concreto y sobre el soporte de un programa- a los ciudadanos, porque aquí nos arrogamos todos la representación. Y yo no defiendo a nadie, ni mucho menos al PP, pero es que luego se abren las urnas".

Y el regidor terminó su reflexión lanzando una pregunta que viene que ni pintada para acabar estas líneas. "¿De qué estamos hablando?", cuestionó. Pues eso.