La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, se comprometió ayer a trasladar todas las reivindicaciones que le planteó el sector empresarial de la provincia, para sumar fuerzas y lograr un objetivo común: la consolidación de la economía de Huelva.

Parralo se reunió con el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García- Palacios Álvarez; el jefe del servicio provincial de Costas, Gabriel Cuena; la secretaria general de la FOE, María Teresa García; el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Luis Arroyo; el presidente de la Comisión de Infraestructuras, Javier Mateo; el presidente del Consejo Empresarial de Apymes locales, Juan Fernández; la vicepresidenta de Bareca, Begoña Casas; y el secretario del Consejo Empresarial de Chiringuitos, Javier Albea, para analizar y hacer balance de la situación actual en la provincia en relación con asuntos empresariales.

Según informó la Subdelegación, los representantes empresariales hicieron alusión a la problemática de la competencia desleal y la necesidad de intensificar posibles medidas. Parralo señaló que uno de los primeros objetivos del Gobierno ha sido abordar el tema, ya que “la regulación de la competencia desleal se basa en la protección de los intereses tanto de los empresarios como de los consumidores, por lo que la coordinación y el intercambio de información son indispensables para luchar contra el fraude fiscal y laboral”.

García-Palacios Álvarez, por su parte, indicó que desde la FOE se demanda una actuación firme sobre este asunto que está perjudicando a las empresas legalmente establecidas, siendo preciso establecer líneas de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, para evitar y perseguir en su caso, con los instrumentos que les otorga la ley, la venta ambulante ilegal y, especialmente, la oferta de productos falsificados.

Recordó el presidente de la FOE que “al adquirir productos falsificados se comete una ilegalidad, al tiempo que se da cobertura a las mafias que los comercializan y que explotan a quienes los venden”. Al respecto, Parralo instó a los empresarios a denunciar, ya que “la Inspección de Trabajo es la que tiene los mecanismos para erradicar la economía sumergida”.

La subdelegada también destacó el balance de criminalidad del primer trimestre, que refleja esa respuesta tan reclamada con la bajada de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de un 41,7% y las falsedades con un descenso del 28,9% en Huelva.

Las infraestructuras centraron también la reunión, dado que de su desarrollo dependen todos los sectores empresariales de la provincia y el retraso en cuanto a inversiones lastra la economía provincial. En esta línea, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios fue tajante al manifestar que “sin infraestructuras no hay desarrollo y el tiempo corre en nuestra contra frente al avance indiscutible de provincias que ofrecen muchos menos recursos”.

Tampoco se olvidó de recordar que “las infraestructuras hidráulicas se convierten de la misma manera en cuestiones de prioridad para el desarrollo no sólo del sector agrícola, sino el turístico, el industrial y de consumo humano en general”, incidiendo en concreto sobre la necesidad del desdoble del túnel de San Silvestre.

El turismo, “piedra angular para FOE”, requiere de una atención preferente por parte de las Administraciones para que el destino se consolide y se potencie. En cuanto a las playas, desde la FOE se requirieron planes a corto y largo plazo para el mantenimiento de la costa. Según la subdelegada, “es una de las líneas prioritarias de actuación para el Gobierno, que está reflejado en las directrices del Turismo Sostenible 2030 y que se adecuará a la estructura de la Comisión Interministerial de Turismo que no se reúne desde 2012”.

Vinculado al sector, la situación de los chiringuitos de la provincia fue otro de los temas abordados. Parralo subrayó que “desde el Gobierno se está trabajando para eliminar la incertidumbre que genera el Reglamento 2014 y así establecer la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sostenibilidad de las actividades económicas en la zona”.