Las compañías eléctricas están cobrando el Impuesto Especial de Electricidad en todos los recibos de la luz a pesar de que sólo se debería aplicar a los clientes que hayan registrado un consumo efectivo. La cantidad aplicada es mínima, aunque después de cuatro años se ha traducido en la provincia de Huelva en el cobro indebido de más de 1,5 millones de euros (los de los años anteriores ya han prescrito). Cobro indebido que ha llegado de forma íntegra hasta las arcas del Estado, que de todos los españoles han llegado a ingresar 126 millones por este motivo, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Se estima que han sido 81.600 onubenses los que afectados por estos cobros indebidos. Una cifra a la que se llega después de analizar el número de titulares de las viviendas vacías que existen en la provincia (que rozan las 33.000) y parte de las segundas residencias, donde al menos durante cuatro meses no se realiza consumo efectivo de electricidad (el cálculo se realiza a la baja ya que la media de ocupación de estas residencias es de menos ocho meses). Y es que el Impuesto Especial sobre Electricidad grava el consumo de electricidad y se calcula teniendo en cuenta dos conceptos: el término potencia (según la contratada) y el propio consumo que se registre en la vivienda. Así, el usuario paga ese impuesto a la compañía eléctrica en su factura de acuerdo al suministro recibido, de manera que es la empresa quien lo recauda y lo liquida posteriormente en el Tesoro Público. De ahí que los principales perjudicados sean los propietarios de viviendas vacías, segundas residencias o viviendas temporalmente desocupadas, así como a aquellas empresas de actividad estacional que no tienen consumo eléctrico durante alguno de los meses del año.

Desde que entró en vigor la aplicación de este impuesto (1998), la Dirección de Tributos ya puso de manifiesto que esta carga no debía liquidarse si no se producía consumo efectivo de electricidad, algo no se ha respetado "a pesar de que este criterio es conocido por todo el sector", según mantiene el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

De ahí y sólo teniendo en cuenta los últimos cuatro años (hasta aquí llegaría la cantidad que a fecha de hoy se podría reclamar), que las eléctricas hayan 'regalado' 1.539.326 euros de los onubenses a Hacienda. En 2004, fueron 367.607 euros; un año después, 374.002 euros; el año pasado, 390.757 euros para llegar en este ejercicio a los 406.960 euros. Porque el cobro "ilegal" se agrava al añadirle el gravamen del 16 por ciento correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que en total suma un euro adicional, aproximadamente, por cada recibo bimestral emitido.

Mientras que las eléctricas han preferido no pronunciarse al respecto y la patronal del sector, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha desmentido que se estén cobrando estas cantidades de forma ilícita, la Agencia Tributaria asegura que es muy difícil realizar el cálculo (aseguran que el ofrecido por sus técnicos "no es oficial"), aunque manifiestan que el año que viene inspeccionará los resultados de la autoliquidación para determinar la cantidad exacta que se tendría que devolver a las compañías eléctricas para que éstas lo entregasen a su vez a los consumidores. Aunque eso sí, la Agencia Tributaria dice condenar cualquier cobro indebido, pero recuerda que no tiene por qué "ir detrás" de las compañías que no hayan puesto al día sus datos y cobros.

Aún así, Gestha recuerda que ya el año pasado existían informes en los que se alertaba de esta práctica, sin que las autoridades de la Agencia adoptasen una solución, (La Agencia Tributaria niega este extremo y afirma que no ha habido ningún informe oficial. Sí reconoce que durante 2007 se ha conocido el asunto y se ha tomado nota del mismo), lo que llevó el mes pasado a que los Técnicos de Hacienda informaran de este asunto a los grupos parlamentarios en el Senado, con el objetivo de evitar mayores perjuicios a los consumidores, pero tras el veto a los Presupuestos Generales del Estado, las enmienda presentadas finalmente por los grupos parlamentarios del Partido Popular y CIU, no se podrán aprobar, por lo que el año próximo o cambian la práctica las compañías eléctricas o se seguirán cobrando indebidamente, aumentando el importe por el anunciado incremento de las tarifas.

Así, habrá que esperar a lo que se decida para el próximo ejercicio. De momento, ahí está la cifra de más de 1,5 millones, que supera a la cantidad que por ejemplo el Ayuntamiento de la capital recaudará a lo largo de este año con todas las multas impuestas (de tráfico, por infracciones medioambientales, etc., que asciende a 1,4 millones) , o similar a la que el presupuesto municipal de la capital reserva para el Patronato Municipal de Cultura (1,7 millones).