“El concepto de economía sumergida no es fácil de ser definido”. Son aquellas actividades económicas que son ocultadas de forma deliberada a la administración y que por tanto no están incluidas en el cómputo del Producto Interior Bruto (PIB). Esto es una definición que aparece en el informe La Economía Sumergida en la Provincia de Huelva del Consejo Económico y Social del territorio onubense. Un informe dentro del marco de la Comisión de Trabajo de Economía y Análisis de Mercado de Trabajo, que arroja relevantes datos acerca de todas las labores ocultas que se realizan y ejecutan en Huelva.

Tanto es el daño que hace la economía sumergida a la Administración, y por ende, a los propios ciudadanos, que representa una estimación de fraude fiscal de más de 210 millones de euros en el año 2017. La principal conclusión que aparece en el informe es que los niveles de economía sumergida en la provincia de Huelva alcanzan el 27,2% del PIB, porcentaje superior a la media española (21,6%) y andaluza (22,1%). No queda ahí la cuestión ya que el nivel de economía sumergida en el territorio onubense siempre ha sido superior que la media regional desde el año 1992, llegando incluso a estar en un 33,2% cuando irrumpió la crisis en 2008. “Donde hay menos control y las zonas más pobres tienen más economía sumergida y nosotros desgraciadamente somos de las zonas más deprimidas”, explica el vicepresidente tercero de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Juan Fernández.

El 27,2% que sitúa el nivel onubense en 2017 –que son los últimos datos que se manejan en el informe– también está por encima del resto de provincias andaluzas: Almería (17,5%), Cádiz (26,5%), Córdoba (23,6%), Granada (22,5%), Jaén (23,6%), Málaga (19,3%) y Sevilla (21,3%).

“La verdad es que el informe es escalofriante”, Fernández, quien forma parte del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva. Fernández asegura a Huelva Información que es un “defensor a ultranza de luchar contra la competencia desleal de la economía sumergida” ya que considera que es el problema “más importante que tenemos en el país”.

El informe es una cuestión estimativa debido a la complejidad de realizar un informe en el que entran en juego tantas variables sobre un ejercicio laboral que está oculto a los ojos de las administraciones.

Anuncios de diferentes trabajos.

De todos modos, se sacan conclusiones de grandes dimensiones. Como por ejemplo que en 2011-2012 uno de cada tres empleos que había en la provincia correspondía a la economía sumergida, “si bien es cierto que en la actualidad se ha reducido dicha proporción en casi una tercera parte”. Por tanto de los 226.048 personas ocupadas que había en Huelva en 2017, 183.475 eran empleos declarados mientras que el resto no. Revertir todo este empleo oculto y ampararlo en las líneas de la legalidad podía suponer que el paro en Huelva cayese al 10% o incluso menos.

Por otro lado, el informe apunta que el fraude en las cotizaciones sociales “siempre ha sido elevado”, y estima que en 2017 era de más de 342 millones de euros, “el 31% sobre las cotizaciones sociales efectivas”. En la actualidad, Juan Fernández señala que la economía sumergida en Huelva se encuentra en “unos valores insostenibles”. Además, un dato que no aparece en el informe y que “nos preocupa muchísimo en la FOE” es la cantidad de empleo que se destruye como consecuencia y “la cantidad de comercios que cierran por el top manta, por la venta ambulante ilegal”, e incluso los establecimientos hosteleros que cierran “el tema de lo botellones que venden establecimientos no autorizados”. Como ejemplo, Juan Fernández, señala que en el Mercado de Abastos de Lepe “no se vende coquina” porque se encuentra a la venta de manera clandestina en las calles y en las puertas de los supermercados. También remarca la cantidad de talleres que cierran por negocios clandestinos. En Lepe contabilizaron 16 de estos últimos.