Los juzgados de Primera Instancia de la provincia de Huelva llevaron a efecto 156 lanzamientos en el primer trimestre de este año, tal y como consta en la estadística Efectos de la crisis en los órganos judiciales publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con estos datos sobre la mesa se constata un descenso interanual de los desahucios practicados por los órganos civiles del 12,3%, ya que en el mismo periodo del año pasado se registraron 178 en total, 22 más que en los primeros 92 días del presente ejercicio.

El 63,4% de estos desalojos se corresponde con las ejecuciones hipotecarias, es decir, con aquellos asuntos en los que los afectados son familias que han dejado de pagar la hipoteca y a las que se acaba por desahuciar ante la reclamación de la entidad bancaria de turno. Estos lanzamientos fueron en el primer trimestre del año 99 en total, lo que significa una rebaja del 27,2% en relación con el mismo plazo de 2017.

El comportamiento contrario se observa en el volumen de desahucios relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según los datos estadísticos del CGPJ, fueron 57 entre enero y marzo, 21 más que un ejercicio antes, lo que evidencia un crecimiento del 58,4% que plasma una realidad, la de los desalojos por el impago del alquiler de la vivienda que se habita, que ya significan el 36,5% del total de lanzamientos.

Las ejecuciones hipotecarias son aquellos procedimientos que, tramitados en los juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. En Huelva se cerró el primer trimestre con 104 procedimientos de este tipo, 75 menos que un año antes. El marcado descenso se refleja en un porcentaje negativo del 41,9%. Queda lejos este registro del de hace tres años: en 2015 y en el mismo plazo se llevaron a término en territorio onubense 400 ejecuciones hipotecarias, según se desprende de los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La estadística Efectos de la crisis en los órganos judiciales hace referencia a otro punto relacionado con la vivienda: las cláusulas suelo, todas aquellas acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Si el Juzgado de Primera Instancia 6 Bis de Huelva (especialista en la materia) cerró el año 2017 con 2.585 asuntos pendientes, en el primer trimestre de este año sumó otros 1.073 casos más, lo que ha aumentado la pendencia hasta los 3.527 asuntos en trámite, irresolutos al fin y al cabo. Su capacidad de resolución es muy limitada y se fijó en el primer trimestre en los 131 asuntos.