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Huelva

La cuarta parte de los chiringuitos del litoral onubense deben reubicarse

  • La mayoría de estos establecimientos tendrá que desplazarse unos metros y en muy pocos casos se buscará un nuevo emplazamiento · Las playas más afectadas son las de Matalascañas y Punta Umbría

Ocho meses después de que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reuniera a los subdelegados del Gobierno de las provincias andaluzas en Málaga para advertirles que iba a aplicar la Ley de Costas de forma inflexible, todavía no se ha cerrado el mapa de chiringuitos en la costa andaluza, aunque han comenzado las primeras reuniones para consensuar los múltiples cambios que se avecinan.

A falta de datos más concretos, la Dirección Provincial de Costas estima que en Huelva tendrá que reubicarse la cuarta parte de los chiringuitos de la costa. El desplazamiento será de unos metros en la mayor parte de los casos y sólo en los puntuales se buscarán emplazamientos alternativos para respetar la ley y que al mismo tiempo cumplan las exigencias de los empresarios del sector. Sin embargo, la gran mayoría tendrá que hacer remodelaciones para adaptarse a la superficie máxima permitida por la ley: 150 metros cuadrados cubiertos. El director provincial de Costas, Gabriel Cuena, asegura que los actuales superan en un 20 ó 25% esta superficie y en muy pocos casos se llega a duplicar dicho máximo.

En la provincia existen alrededor de 60 establecimientos playeros; el número varía hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si se habla de los que abren regularmente (58 la temporada pasada) o de las concesiones. Ocho municipios, los mismos que tienen costa en Huelva, se reparten estos establecimientos de temporada: Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Moguer, Palos y Almonte. Los municipios más conflictivos coinciden con los que tienen más kilómetros de línea de playa y contabilizan mayor número de chiringuitos, como es el caso de Almonte o Punta Umbría; el primero cuenta con más de 20 en Matalascañas y el segundo, con unos 13. Por contra, Mazagón es el que cuenta con menos, después de que los 3 ó 4 empresarios con concesión se fueran retirando. Este verano tan sólo abrió uno de ellos, el de la zona de las Dunas, en el término de Palos. Moguer perdió el único que tenía y que tradicionalmente venía abriendo en la playa del Parador Nacional. Así, la mayor parte de los usuarios de la playa de Mazagón, que comparten los municipios de Palos y Moguer, se quedaron sin cerveza y sin sardinas. Donde existe más tranquilidad en el sector es en la costa de Cartaya, Nuevo Portil y El Rompido, pues lo más probable es que los 4 que se abren queden como están.

La fisonomía de la costa onubense hace que algunos de los chiringuitos que están hoy sobre la arena, en el futuro tengan que quedar elevados sobre una plataforma de madera. Esta es la posibilidad que se baraja para que los chiringuitos de Matalascañas, por ejemplo, que deben dejar libre la arena, puedan seguir en una ubicación similar a la que ahora ocupan y se ajusten a la ley poniéndose a nivel del paseo marítimo. La mayor parte ellos también tendrá que reducir de su espacio. Este caso se repite en otras partes del litoral onubense con sistema dunar para proteger este singular ecosistema de alto valor ecológico.

El objetivo es que el próximo verano los chiringuitos se ajusten a la ley, al menos en la mayor parte de los casos. El director provincial de Costas, Gabriel Cuena, asegura que no se tomarán medidas "traumáticas", pero insiste en que estos establecimientos tienen que cumplir la Ley de Costas de 1989 y que para ello hay que fijar fecha porque ya no caben "plazos indefinidos".

Los empresarios onubenses pretenden que las autoridades concedan una especie de moratoria a los establecimientos que se encuentren en zonas que estén pendientes de obras de remodelación urbanística, como prolongaciones de paseos marítimos o la actuación que se proyecta en el Cruce o playa de la Bota de Punta Umbría. La propuesta es dejar las cosas tal y como están hasta que estén terminadas las obras. "No podemos hacer una inversión ahora y otra dentro de dos o tres años", explica el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Huelva, Juan Díaz.

Como contrapartida a la ley, los empresarios esperan lograr estabilidad física para los negoc ios y evitar las multas (rondan los 60.000 euros), que en los últimos años han cerrado las puertas de más de un chiringuito. Uno de los ejemplos más claros que pone Juan Díaz es el de Mazagón. Una vez que las cosas se estabilicen, Díaz asegura que muchos de los locales abrirán prácticamente todo el año para el mantenimiento de las instalaciones y de la inversión que van a tener que hacer en la mayor parte de los casos.

Las concesiones tienen un plazo máximo de 15 años, dependiendo de la inversión y de las características de los establecimientos.

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