"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Así, con esta rotundidad, se recoge uno de nuestros derechos fundamentales en el artículo 47 de la Constitución española, principio rector de la política social y económica que se hace constar en nuestra Carta Magna, la misma que ayer celebró sus primeros 39 años de vida.

Con todo, las cifras de desahucios de la provincia de Huelva dan buena cuenta del incumplimiento de este preciado artículo constitucional: entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados de Primera Instancia de la provincia han practicado 224 lanzamientos, 91 más que un año antes, lo que se traduce en un incremento del 68,4% en sólo doce meses. Así consta en la estadística Efecto de la crisis en los órganos judiciales, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que se extrae que vamos a un ritmo de 2,4 desalojos practicados diarios.

Si sumamos esos 224 lanzamientos con los 178 del primer trimestre del año, obtenemos una llamativa cifra de 402 lanzamientos que apuntan a que es "muy posible que acabemos el año superando los 800", según indicó ayer a Huelva Información Javier Arellano, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). De cumplirse este funesto pronóstico, 2017 tocaría a su fin con un incremento interanual del 27%.

Esta conclusión evolutiva demuestra, en opinión de Arellano, que "estamos muy lejos de que la crisis haya finalizado, en contra de lo que se nos está contando"; además de que pone de relieve que Huelva es "una de las provincias donde el riesgo de pobreza es mayor, donde existe un empleo más precario y con familias en una situación de vulnerabilidad más que evidente".

El único dato decreciente aparece en la estadística relacionado con las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados, que pasaron de ser 281 en el segundo trimestre de 2016 a 112 este año, un 60,1% menos. Entiende Arellano que esto se debe a que "tanto las entidades bancarias como los juzgados están limitados por las moratorias" que permiten a los ciudadanos que no pueden hacer frente al abono del crédito acogerse a la suspensión temporal de la ejecución y mantenerse en la vivienda.

Por contra, estas prórrogas no existen en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Si atendemos a los datos del CGPJ que se refieren a los desahucios vinculados a alquileres, se observa de nuevo en el segundo trimestre un relevante aumento: 69 desalojos practicados, 20 más que un año atrás (+40,8%).

En la primera mitad del ejercicio en curso se registraron 105 desahucios de estas características, mientras que doce meses antes la cifra se había quedado en 84. El dato anima a vaticinar que se superarán los 200 cuando se cierre 2017.

El profesor de la Onubense y miembro de la PAH entiende que esta amplificación de los lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la LAU tiene que ver con el hecho de que "muchas daciones en pago que las entidades bancarias concedieron hace dos o tres años se solventaron con alquileres sociales que ahora están venciendo". Es decir, que las entidades que se acogieron al Código de Buenas Prácticas Bancarias se comprometieron a ofrecer a sus deudores contratos de alquiler social durante dos años, prorrogable a otro más, un trienio que ya está llegando a su fin para los primeros beneficiarios, que ahora se están viendo abocados al desalojo definitivo.

Algo similar acontece en el caso de los arrendamientos sociales de las administraciones públicas, en los que se acaba procediendo al desahucio pasado un tiempo. "También los hay de particulares, pero son los menos" en la estadística, puntualiza Javier Arellano.

Tres de cada diez lanzamientos practicados en Huelva en el segundo trimestre tenían que ver con un alquiler. Los otros siete fueron consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. Según el CGPJ, Huelva terminó el segundo tramo del ejercicio con 152 de este tipo. El crecimiento que han sufrido en el último año ha sido fulgurante, incrementándose su volumen en un 90%, si se tienen como referencia los 80 de 2016.

También han subido los desalojos por impago de la hipoteca si se tiene en cuenta el primer trimestre del año, cuando sólo se ordenaron 136. Es decir, que en la primera mitad de este año Huelva registró 288 lanzamientos. 2016 se clausuró con 390. "Vamos a batir esta marca", augura el experto.

El incremento también se deja notar en el que quizá sea el dato que más conecta la estadística del Poder Judicial con la realidad, el que se refiere a los lanzamientos con cumplimiento positivo. Son aquellos en los que el servicio común de actos de comunicación y ejecución ha podido culminar con éxito el desalojo de la vivienda, acordado previamente por la autoridad judicial.

En Huelva y en el segundo trimestre la comisión judicial ha conseguido vaciar de deudores 196 casas y locales. El incremento interanual es, de nuevo, muy significativo: 76 más, se han disparado un 63,3%. Sumados a los 206 del primer trimestre, obtenemos 402 lanzamientos llevados a efecto en la primera parte del presente ejercicio. De nuevo aquí apunta Arellano a la posibilidad de que sean más de 800 al expirar el año, mientras que en 2016 fueron 726.

El profesor de Derecho Civil de la UHU recuerda que hace sólo unos diez días el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que consolida su propia doctrina "que dice que no se puede desalojar a familias con niños en el domicilio familiar". En la misma línea se han venido pronunciando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Naciones Unidas, que han instado en reiteradas ocasiones al Estado español a "ordenar que se respete el derecho a la inviolabilidad del domicilio en el que haya niños, personas mayores o discapacitadas si no existe alternativa habitacional".

Sin embargo, asegura Javier Arellano, "esto no se está cumpliendo y las familias viven estas situaciones con muchísima ansiedad porque no tienen recursos". Hablamos fundamentalmente de una clase media empobrecida "que tuvo que recurrir a la dación en pago pero que no puede asumir siquiera el pago de los suministros básicos".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca propone un cambio constitucional de base con el que pretende que se reconozca el derecho ciudadano a una vivienda digna "como derecho fundamental per se y no como un principio rector" de la Carta Magna. En paralelo, la plataforma trata de impulsar un cambio legislativo a través de un quinteto básico conocido como "las cinco de la PAH" y que se apoya sobre los ejes de la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible y estable, el freno definitivo a los desahucios, la vivienda social y la garantía de los suministros básicos.